Para entender este enredo hay que remontarse a febrero de 2023. Entonces, y con casi dos años de retraso, los nuevos ajustes a la Ley de Transmisión de Energía implicaron la publicación del Decreto Supremo 7T, documento que estableció los valores de la transmisión eléctrica, un índice clave que incide directamente en el valor final de las cuentas de luz.
En Chile, el sistema eléctrico se divide en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. En el caso de la transmisión hace referencia a las instalaciones físicas que permiten el transporte de energía, como las torres de alta tensión.
Volviendo a febrero de 2023, la Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que se ejecutaba el primer proceso de tarificación en el marco de la nueva ley de transmisión. El proceso fijó “el valor anual de las instalaciones de transmisión nacional, zonal y de las instalaciones de transmisión dedicadas utilizadas por parte de los usuarios sometidos a regulación de precios para el cuadrienio 2020-2023”.
Este proceso implica que las empresas reporten sus obras, torres, instalaciones y toda su infraestructura física. Este punto es clave, ya que lo que informó Transelec es que estos activos tuvieron un precio mayor al que realmente tienen, lo que repercutió en mayores cobros por el uso de sus instalaciones y, por ende, mayor precios finales a pagar de la luz.
El experto en regulación eléctrica Humberto Verdejo, explicó a EL DÍNAMO que “con la ley de transmisión del año 2016, se modificó la forma en que se definen los cargos de transmisión. Antes de esa ley, un porcentaje lo paga a los generadores y otro lo paga a los usuarios. Con la ley del 2016, todo lo paga el usuario final“.
En resumen, el decreto establecía el pago por el uso de las instalaciones de transmisión de las diferentes empresas del sistema. “El resultado de este decreto tarifario tendrá un impacto en la tarifa de los clientes finales y en la remuneración que deben percibir los propietarios de las instalaciones de los sistemas de transmisión durante el correspondiente periodo tarifario”, señalaron entonces las autoridades.
Más de US$100 millones
La sobrevalorización de activos por parte de Transelec fue informada hace casi un año a la autoridad, y se enmarca en el proceso de tarifas que comenzó a regir en 2023.
“Lo que ellos mismos dicen, es sobredimensionaron su inventario. Hay cosas que declararon en exceso. Transelec se dio cuenta que había información que no estaba bien y en ese momento informó a la Comisión Nacional de Energía”, añadió Verdejo.
Respecto a este proceso, cuando fue oficializado la CNE dijo que “la toma de razón del Decreto 7T por parte de la Contraloría General de la República ratifica el acucioso trabajo profesional realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la elaboración del informe técnico, considerando el crecimiento y nivel de detalle de la infraestructura a ser valorizada, dando además por zanjadas las diferencias suscitadas en la industria con motivo de este proceso”. Pero hubo errores que no detectaron, hasta que la misma empresa los autodenunció.
De acuerdo con la ley vigente, los valores que deben declarar Transelec y el resto de las empresas del sistema, son los siguientes:
- Valor de Inversión.
- Anualidad del Valor de Inversión.
- Costos de Operación, Mantenimiento y Administración.
- Ajuste por efecto de Impuesto a la Renta.
- Valor Anual de la Transmisión por Tramo (V.A.T.T.).
El costo total del sobre costo superaría los US$ 100 millones.
El sobre cálculo
De acuerdo con lo informado por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, Transelec acordó con las autoridades devolver el “exceso” cobrado en el Decreto 7T, a raíz de una sobrevalorización de sus activos de transmisión. El cobro de estas tarifas y los saldos correspondientes a cada empresa son publicados por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
Transelec, por su parte, informó en su Estado de Resultados a junio de 2025 que sus ingresos “registran una provisión de menores ingresos para el periodo 2020–2025, asociada a una revisión del volumen de activos operacionales regulados que tiene la compañía. Dicha provisión se realizó en el primer trimestre de 2025 y se complementó marginalmente en el segundo trimestre”.
La empresa detalló que los estados financieros a junio de 2025 incorporan como base los ingresos regulados según el Decreto Supremo 7T (DS7T), publicado el 16 de febrero de 2023, y que sobre estos montos se realizaron las provisiones correspondientes.
“El proceso de valorización de tarifas 2024–2027 presenta un retraso superior a dos años. El Informe de Calificación de Instalaciones asociado a este proceso se publicó mediante la Resolución Exenta N°461, emitida por la CNE con fecha 30 de agosto de 2024”, precisó la compañía.
La corrección informada por Transelec tiene efecto sobre el decreto anterior —aún vigente—, motivo por el cual cerca de US$115 millones que el Ministerio de Energía acordó con la empresa serán reembolsados en las tarifas, ya que corresponden a saldos previamente cobrados.
Este error se suma al ya reportado cobre redundante en las tarifas en los decretos tarifarios vigentes desde 2024, que desató, entre otros efectos políticos, la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, de la cartera la semana pasada.
