La guerra por la gratuidad universitaria está desatada. El gobierno no solo enfrenta numerosas críticas por el proyecto que busca reemplazar el actual sistema de financiamiento universitario por el denominado FES, sino que expertos advierten que el costo fiscal de la nueva fórmula sería inédito: US$ 21.300 millones hacia 2030. Ahora un nuevo debate enfrenta a las UES privadas y el TDLC.
Y es que en medio de la compleja negociación por este nuevo esquema, un grupo de universidades presentaron una ofensiva ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando congelar la Resolución Exenta N°887 del 25 de febrero de 2025, que establece los cálculos de los aranceles para el próximo año, así como la Resolución Exenta N°3263 del 23 de abril de 2025, que fijó dichos valores.
Este nuevo proceso incorpora todos los programas que no habían sido considerados en partidas anteriores.
Las instituciones agrupadas en la Corporación de Universidades Privadas (CUP) —— reclutaron al abogado experto en libre competencia Mario Bravo, quien ingresó una consulta al TDLC para evaluar eventuales infracciones a la libre competencia en el proceso de fijación tarifaria.
Pérdidas millonarias
Según el escrito, los aranceles propuestos solo cubren el 92,9% de los costos reales. “De acuerdo con cálculos realizados por la Corporación de Universidades Privadas, los valores determinados en las resoluciones mencionadas generarán menores transferencias a contar de 2026 por concepto de gratuidad cercanas a $35.347 millones anuales, mientras que las universidades estatales y del G9 registrarían incrementos en sus transferencias por $43.543 millones y $33.798 millones anuales, respectivamente”, señala la presentación.
Las universidades privadas advierten que el enfoque actual podría generar efectos regresivos, castigando a aquellas instituciones que, aun cumpliendo estándares de calidad, no cuentan con las características específicas que bonifican el arancel, como investigación avanzada o presencia regional acotada.
“Estos cambios metodológicos implicarán un perjuicio estimado de $25.643 millones anuales en los ingresos de 165 aranceles regulados para 2026 en las universidades de la CUP adscritas a la política de gratuidad, afectando la calidad y sostenibilidad de dichas instituciones y, en última instancia, a los propios estudiantes que se busca beneficiar”, aseguraron.
¿Qué le piden al TDLC?
Las universidades privadas, además de solicitar el congelamiento de las tarifas, acusan discriminación en el proceso tarifario de gratuidad en favor de las universidades del CRUCH. Argumentan que esto reduce la competitividad entre ambos sectores y profundiza la brecha entre instituciones tradicionales y privadas.
Uno de los puntos centrales de la demanda es que los decretos tarifarios se dictaron sin considerar los sesgos advertidos por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) y utilizando una metodología de costos desactualizada. Por ello, acudieron al TDLC buscando que las resoluciones tarifarias sean declaradas incompatibles con la libre competencia.
Este jueves 6 de noviembre, el Tribunal rechazó la solicitud de congelar los aranceles, pero abrió un plazo de 30 días para que terceros interesados aporten antecedentes en el proceso. Paralelamente, las universidades privadas complementaron su requerimiento con un informe económico elaborado por la consultora Butelmann, liderada por la economista Andrea Butelmann.
