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Consorcio Moller & Pérez-Cotapos y GAM: “Sembrar dudas sobre el proceso de adjudicación y los montos involucrados es simplemente intolerable”

“Para que el señor subsecretario se eduque en el tema, el proceso de licitación del GAM duró más de un año y medio. No fue entre ‘gallos y medianoche’, justo antes de terminar el anterior gobierno”, dijo el presidente de Moller & Pérez-Cotapos.

AGENCIA UNO

La suspensión de la construcción de la nueva sala del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) no solo reabrió el debate sobre el proyecto, sino que también escaló en un cruce directo entre el Gobierno y el mundo privado, todo en medio de cuestionamientos por los costos del recinto y la priorización del gasto público en medio de la estrechez fiscal.

Tras el proyecto está la constructora Moller & Pérez-Cotapos, ligada a Ramón Yavar y Fernando Frías. La polémica continuó este fin de semana luego que el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, en una realizó diversas aseveraciones sobre el proceso en una carta a El Mercurio.

Cabe recordar que el gobierno de José Antonio Kast suspendió la adjudicación de la segunda etapa del proyecto del GAM que tenía un costo de $ 114 mil millones y contemplaba ampliar la superficie del recinto de 22 mil metros cuadrados (m2) a 37 m2, una gran sala para espectáculos, talleres, bodegas y áreas de servicio, con una capacidad estimada de 2.500 personas.

Más “útil” menos “grandioso”

El subsecretario de Obras Públicas abrió la misiva señalando que a comienzos del siglo XXI un grupo de ingenieros acuñó la cita “No abandonar lo útil por lo grandioso”. Balmaceda recordó que la obra se adjudicó dos meses antes de terminar el gobierno y las obras “comenzaron pocos días antes de asumir el Presidente Kast”.

“En medio de la emergencia económica y fiscal en la que nos encontramos, ¿tenía sentido que el Estado siga adelante con la segunda etapa del GAM, tal y como estaba planteada? Nuestro mandante estimó que no. Y el MOP no pudo estar más de acuerdo”, dijo en la misiva.

La autoridad añadió que si bien el proyecto es deseable hay necesidades más relevantes en el país. En ese contexto comparó la ejecución frente a que el “40% de las comunidades rurales más aisladas no tengan agua potable ni servicios sanitarios, mientras existan comunas en Chile cuya vialidad es mayoritariamente de tierra, mientras tengamos zonas fronterizas sin control efectivo o cuarteles policiales en condiciones deplorables, tenemos la obligación de priorizar esos proyectos”.

El representante del Ministerio de Obras Públicas deslizó otra idea. ¿Podría cambiarse del modelo de financiamiento del GAM? “Chile ha dado muestras de liderazgo regional en la asociación público-privada, cabe preguntarse si no es esta una buena oportunidad para replicar exitosos proyectos culturales y sociales concesionados en el pasado, tales como la Arena Santiago y la Plaza de la Ciudadanía”, manifestó.

Declaraciones intolerables

En su memoria anual 2025, documento que resume los principales hitos del año, Moller & Pérez-Cotapos se refirió respecto a la “consolidación” de su división de construcción a terceros, donde se anotaba el nuevo contrato para ampliar el GAM. “Durante el primer trimestre de 2026 se cumplieron las gestiones administrativas previas a la entrega de terreno”, detallaron, pocos meses antes de enterarse de la suspensión.

Y quien se mostró molesto con las declaraciones de Balmaceda fue el presidente de la compañía, Vicente Bertrand, quien manifestó: “Me veo en la obligación de aclarar un par de puntos al subsecretario”, en otra carta de respuesta en el mismo matutino.

Bertrand dijo que si el Estado decide poner término anticipado a un contrato, está en su derecho pero que “sin embargo, sembrar un manto de dudas sobre el proceso de adjudicación y los montos involucrados es simplemente intolerable”.

“Para que el señor subsecretario se eduque en el tema, el proceso de licitación del GAM duró más de un año y medio. No fue entre gallos y medianoche, justo antes de terminar el anterior gobierno. Participaron cinco compañías o consorcios, de los cuales tres eran internacionales, pero solo llegó nuestro consorcio, Moller-DVC, con una propuesta económica. La propuesta es pública y en ella se detallan todos los costos, gastos y utilidades de este consorcio, por si el señor subsecretario tiene alguna duda”, agregó.

El presidente de la constructora defendió la transparencia del proceso y solicitó al representante de gobierno de Kast que “dejen de justificar sus decisiones sembrando dudas”.

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