El inicio del Cónclave trae consigo las diferentes pugnas más allá de las divisiones teológicas de cada cardenal. El poder y la política son otros de los puntos fuertes para elegir al sucesor del Papa Francisco. Sin embargo, uno de los aspectos que determinarán al nuevo Sumo Pontífice tiene que ver con su gestión económica, con la sombra encima del Banco Vaticano.
A 31 de diciembre de 2023, el Instituto para las Obras de Religión (IOR) -el nombre oficial del banco- gestionaba a nivel global 5.400 millones de euros en activos. Se trata de una institución fundada en 1942 que contó con múltiples escándalos de corrupción, de presunto lucro con capitales nazis y de múltiples casos de blanqueo de dinero.
Francisco fue quien terminó las reformas que había comenzado Benedicto XVI, llegando a considerar incluso su cierre en 2013. Aquel año, en octubre, el IOR tuvo su primer informe anual en su historia, lo que sirvió para limitar transacciones clandestinas que distintas autoridades de la Iglesia realizaban, además de poner fin a la práctica de ocultar grandes donaciones de personas externas que intentaban influir en las políticas eclesiásticas.
Sin embargo, los escándalos financieros no se detuvieron con la regularización del Banco Vaticano. En 2021 el Vaticano inició el mayor juicio penal de su historia, en el que Anegelo Becciu y otros nueve cardenales fueron acusados de fraude o de omisión delictiva para prevenir el robo, por la pérdida de 136 millones de dólares en una propiedad de Londres. Fue un procedimiento legal que duró más de dos años y se amplió para incluir más irregularidades financieras.
El Fondo de Pensiones del Vaticano será otra de las grandes preocupaciones para el futuro Papa, que compone las contribuciones de todos los empleados del Vaticano. La primera auditoría realizada por Francisco descubrió un déficit de 1.500 millones de euros hace una década (unos 2.000 millones de dólares actuales). Si bien hubo propuestas para abordarlo, no se han materializado y siguen en números rojos. En 2022, con la última auditoría, se detectó un déficit de 631 millones de euros (unos 700 millones de dólares).
La lucha en el Cónclave está viva. Si bien hay dos bandos respecto al dogma religioso -los tradicionalistas y progresistas-, la habilidad para manejar la gestión financiera de la Iglesia no presenta tal claridad.
