
El gobierno de Javier Milei restringió parcialmente el derecho a huelga en Argentina luego de firmar un decreto en el que declara diversas actividades laborales como esenciales, obligando a garantizar en todo momento un funcionamiento de servicios mínimos, incluso en medio de un conflicto laboral.
El documento firmado introdujo modificaciones en la Ley del Régimen Laboral, ampliando la cantidad de actividades consideradas esenciales y creando una nueva categoría denominada Actividades o Servicios de Importancia Trascendental, a las cuales se les impuso un mínimo del 75% y 50% de la prestación del servicio, respectivamente.
Hasta antes de esta medida, la legislación argentina consideraba esenciales solo las actividades cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población.
Los sindicatos argentinos rápidamente calificaron la normativa como ilegal y se prevé que vuelvan a recurrir a tribunales, luego de que la justicia frenara un primer intento similar de la administración de Milei en diciembre de 2023.
“La Central General del Trabajo no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender“, advirtió la organización obrera más importante de Argentina, a través de un comunicado. Además, la central acusó que la decisión se adoptó “de un plumazo y sin debate ni análisis previo“.
Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y Legales también criticó la medida a través de un escrito: “La enorme extensión de actividades que son amparadas por el decreto avanza sobre los derechos de prácticamente todas las personas con actividad laboral del país, violando derechos reconocidos por la Constitución“.
Desde que Javier Milei se convirtió en la máxima autoridad de Argentina, los sindicatos trasandinos han convocado dos veces alguna huelga general, además de numerosos paros y protestas contra el Estado. Luego del triunfo en los comicios legislativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la administración del mandatario busca implementar sus medidas evitando pasar por el Congreso, donde está en minoría.