La destitución de Isabel Allende está lejos de cerrar el conflicto por la fallida compraventa de la casa del expresidente. El caso, con aristas administrativas, penales y políticas, sigue más vivo que nunca.
Aunque esta semana la dirigencia del Partido Socialista logró limar asperezas con el presidente Gabriel Boric, las aguas siguen agitadas. En privado, muchos insisten en que debe haber responsables. Sobre todo, después de la intervención que hizo la propia hija de Salvador Allende, en el hemiciclo del Senado, donde emocionada, aseguró que “en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos avisó o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional”.
Las miradas dentro de la tienda electoral apuntan con fuerza hacia Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la London School of Economics, candidata a doctora por la Universidad de Glasgow y ex abogada asistente del Tribunal Constitucional. Con ese currículum, cuesta creer -dicen en el PS- que no haya advertido sobre la inhabilidad legal de Isabel Allende y de la exministra Maya Fernández para firmar contratos con el Estado.
El lunes pasado, Moya asistió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por Andrés Longton. Allí reconoció que conocía la norma y la inhabilidad, aunque evitó decir si informó al presidente Boric. Reconocerlo, admiten en el oficialismo, habría significado “entregar” al mandatario. “Ella será leal, no lo va a echar al agua, pero es evidente que sí lo hizo”, comenta un socialista.
Desde la oposición, en tanto, señalan que cortar el hilo por lo más delgado no basta. Y, aunque han descartado una acusación constitucional contra Boric -“hay que cuidar la institucionalidad”, repiten-. Sí evalúan una ofensiva contra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien en el momento de la operación ejercía como titular de la Segpres y, por tanto, era jefe directo de Moya. La idea ya está sobre la mesa, y los republicanos evalúan si deberían plegarse.
Pero la presión no se queda ahí. En la derecha van a exigir la salida de los 17 abogados que revisaron la transacción. “Son profesionales ligados al Frente Amplio, sin mayor experiencia y con sueldos millonarios”, acusa un diputado opositor, apuntando a que la falta de criterio técnico permitió que la operación siguiera adelante.
Esta vez, Chile Vamos no estaría solo. Existen conversaciones para que el propio Partido Socialista apoye esa ofensiva. La señal sería potente: exigir responsabilidades, aunque duelan, para recuperar la credibilidad y demostrar que, cuando hay errores, también hay consecuencias. La tensión persiste, mientras el desenlace político sigue abierto.
