En el comienzo del año escolar 2026 se evidenció una preocupante escalada de violencia al interior de los recintos educacionales. El asesinato de una inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama conmocionó al país y marcó un punto de inflexión en esta materia, obligando a las autoridades a tomar cartas en el asunto, considerando también las constantes amenazas de tiroteos que alertaron a comunidades de diferentes colegios a lo largo del país.
En este contexto, se originó el proyecto conocido como Escuelas Protegidas, el cual establece medidas de seguridad en la comunidad educativa, entrega nuevas facultades a los educadores y fija severas sanciones a estudiantes involucrados en hechos de violencia.
La iniciativa está a un paso de ser ley, luego de que la semana pasada el Senado la despachara a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo. Revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases e inhabilidad para acceder a gratuidad en caso de ser condenados con sentencia firme por delitos graves, son parte de los puntos clave que incluye el proyecto, lo cual ha generado un amplio debate. Por un lado se enfatiza en la necesidad de devolver la autoridad a los docentes y recuperar la seguridad dentro de las aulas, pero por el otro se advierte que ir en una lógica reactiva y de control no solo no disuaden conductas problemáticas, sino que las empeoran.
Puntos clave de Escuelas Protegidas
En concreto, los sostenedores podrán incluir en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, con la finalidad de evitar el ingreso de elementos que se puedan utilizar para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento.
La normativa también establece que se podrá solicitar al alumno mostrar o vaciar el contenido de sus bolsillos. En caso de que se encuentren elementos potencialmente “peligrosos”, se deberá comunicar tanto a los apoderados como a Carabineros o la PDI.
En este último caso, los funcionarios podrán, sin orden del fiscal, concurrir al recinto para efectuar el registro de las vestimentas y efectos personales del estudiante cuando exista algún indicio de que haya cometido o intentado cometer un delito. Esto, si el estudiante se niega a colaborar y los padres no acuden al recinto.
Uno de los puntos más controversiales tiene que ver con la inhabilidad para acceder a gratuidad universitaria. Los alumnos que sean condenados a sentencia firme por delitos graves cometidos dentro del colegio no podrán acceder a este beneficio por un periodo de cinco años. Además, la iniciativa establece sanciones directas para quienes lideren paralizaciones totales o parciales de las clases.
La problemática en torno a la violencia escolar que busca combatir el proyecto
“Hoy día los profesores de Chile nos sentimos muy vulnerables frente a situaciones violentas de diferente tipo”, dijo a EL DÍNAMO, José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile (Aseduch).
“Lamentablemente hemos ido perdiendo con los años la relación personal entre el educador y el estudiante, y se ha ido burocratizando, incluso judicializando esa relación, y eso por supuesto que genera tensión, estrés, genera incluso enfermedades mentales, y eso ha llevado a que muchos profesores decidan finalmente abandonar la profesión, abandonar el aula y abandonar el sistema”, añadió.
Bajo este contexto, el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, sostuvo a este medio que el cambio de fondo que impulsa esta iniciativa tiene que ver con “recuperar la autoridad de los docentes, devolver las salas de clases a los estudiantes que quieren aprender y apartar a quienes, mediante la violencia, sólo han contribuido a destruir la educación pública en nuestro país”.
En este sentido, Velasco destacó que la iniciativa tiene normas en tres áreas distintas. “Una de ellas es el preventivo, como por ejemplo la posibilidad de que los colegios revisen mochilas. El segundo elemento es el de gestión de aula, y tiene que ver con devolver la autoridad a los docentes. Y el tercer elemento es el de aumento de sanciones, que también puede actuar como un disuasivo. Creemos que es un proyecto que va en la línea correcta, no soluciona todos los problemas, pero sí entrega herramientas que pueden ser muy útiles para los docentes y los directivos escolares”, aseveró.
Respecto a si esto puede ayudar a disminuir la violencia, el presidente de la Aseduch comentó que “este es un paso, por supuesto que no es la varita mágica, esto requiere capacitación, trabajo y adaptar los reglamentos internos, pero es un paso para ir recuperando esa autoridad que es tan necesaria dentro de la sala de clases”.
¿Qué riesgos puede tener afrontar la violencia escolar bajo una lógica sancionatoria y de control?
La convivencia escolar postpandemia se ha complejizado, lo cual ha hecho que las comunidades educativas puedan estar sobrepasadas. Sin embargo, el problema radica en la “dirección que toma esa respuesta”, según Manuela Mendoza, académica del Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de O’Higgins (UOH).
“Escuelas Protegidas opta casi exclusivamente por una lógica reactiva: detectar, registrar, sancionar. Esa lógica es legítima frente a casos graves, que involucran uso de armas y agresiones serias, por ejemplo, pero el proyecto la extiende para regular zonas del comportamiento escolar que son, en rigor, parte del proceso formativo: el uso de vestimentas, la interrupción de clases, las disputas cotidianas en el aula”, planteó.
En este marco, afirmó que “en las aulas, el impacto más concreto puede ser un deterioro del vínculo pedagógico, especialmente con los estudiantes que ya están en posiciones más vulnerables”.
Respecto a la comunidad educativa, la académica UOH planteó que “hay una paradoja preocupante: para responder a la violencia, se instalan dispositivos que tensionan los vínculos al interior de la escuela. Docentes investidos como autoridad cuya palabra basta para abrir procedimientos disciplinarios; estudiantes objeto de revisión; apoderados convocados como contraparte; policías ingresando al establecimiento. Cada uno queda en una posición que dificulta exactamente lo que la convivencia democrática requiere: relaciones horizontales, diálogo y corresponsabilidad”.
“¿Va a disminuir la violencia escolar? La evidencia internacional dice que no. Lo que sí puede hacer es transformar la escuela en un espacio de vigilancia mutua. Eso no es protección. La evidencia internacional sobre políticas de tolerancia cero es consistente: no disuaden las conductas problemáticas y se asocian con riesgos significativos para la salud y el desarrollo del estudiantado”, aseveró.
En esa línea, ejemplificó con lo que se vive en Estados Unidos, donde la investigación muestra que las suspensiones escolares predicen un aumento posterior de conductas delictivas en los mismos estudiantes sancionados. “El castigo no solo no previene: en muchos casos empeora la trayectoria”, expresó.
A su juicio, una política basada en control y sanción “tiende a recaer con más fuerza sobre los mismos de siempre: estudiantes de escuelas públicas, de territorios más vulnerables”, advirtiendo riesgos como el aumento de la deserción escolar y profundización de la percepción negativa hacia la educación pública.
La diputada e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano (PC) coincide sobre un posible deterioro del vínculo pedagógico. “Se delega la implementación del proyecto a los reglamentos internos de cada colegio, lo que tensionará a las comunidades educativas y puede provocar mayores confrontaciones entre los mismos trabajadores de la educación y con los estudiantes”, cuestionó.
“No sólo no aborda la situación de fondo, sino que puede incluso empeorarla”, dijo, enfatizando que “este es un proyecto que no viene con financiamiento, por lo que tampoco podremos ver el efecto de esta medida en el grueso del sistema escolar, sino únicamente en las escuelas -probablemente particulares- que podrán permitirse aplicarla en el caso de que llegue a ser ley”.
La “pieza que falta” y lo que no se debe ignorar en el contexto educativo
Pese a ello, Velasco defiende el proyecto señalando que el orden y el respeto son fundamentales para el aprendizaje. “Sin disciplina no hay aprendizaje y esa disciplina se basa en normas claras, en enseñar a los estudiantes cómo cumplir esas normas y en aplicar las sanciones a aquellos que no las cumplen”, expresó.
No obstante, enfatizó que a esta iniciativa le “falta una pieza”, la cual tiene relación con los estudiantes conflictivos. “¿Qué pueden hacer? Porque hoy pasa que a un estudiante lo pueden expulsar, pero ese chico va a ir a otro colegio sin ningún tratamiento o terapia especial. Entonces se cambia y genera probablemente los mismos problemas en la nueva escuela”, planteó.
Respondiendo a lo anterior, manifestó que ya le han hecho llegar propuestas al Mineduc, respecto a la creación de una unidad transitoria que permita que esos estudiantes no estén en un colegio regular por un tiempo, y que trabajen al interior del establecimiento con alto apoyo profesional para prepararlos para volver a un aula regular.
De acuerdo al representante de Aseduch, esta unidad existe en otros países, como Gran Bretaña. “Es una política pública cara, pero lo que está pasando es que esos estudiantes conflictivos menoscaban el derecho a la educación de los compañeros, y también estamos arriesgando que ellos caigan en la decepción, se vayan a la calle y probablemente en las redes de la delincuencia”, sostuvo.
Por su parte, Mendoza aseveró que “una corrección seria del proyecto tendría que partir reconociendo que el fenómeno es estructural, territorial y diferenciado: no se gestiona igual en una escuela rural unidocente del sur que en un liceo emblemático de la capital. Tendría que invertir en formación inicial y continua de docentes y directivos en enfoques restaurativos, regulación emocional y convivencia digital”.
Además, “tendría que consolidar a los SLEP como dispositivo estratégico para acompañar en terreno y articular redes intersectoriales. Y tendría que garantizar el acceso oportuno a salud mental escolar”.
En esta línea, la académica recalcó que “las políticas que muestran mejores resultados son las que entienden la convivencia como un proceso formativo de mediano y largo plazo, no como un problema de seguridad de corto plazo. Cuestan más, demoran más y se ven menos en una foto. Pero la evidencia internacional sugiere que son las únicas que efectivamente funcionan”.
La tramitación del proyecto Escuelas Protegidas
La iniciativa ya fue despachada por el Senado y se encuentra en su tercer trámite, cuya votación se realizará el próximo martes 2 de junio en la Cámara de Diputados.
“Si decidimos respaldar las modificaciones que se hicieron, se convertirá en ley. De lo contrario, pasará a comisión mixta. En cualquier escenario, nuestra intención es que esta ley esté vigente a la brevedad posible, idealmente durante la próxima semana o antes de la quincena de junio“, comentó el diputado Bobadilla.
Desde la oposición, la parlamentaria Serrano no descartó recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el proyecto se apruebe, ya que consideran que algunos puntos podrían vulnerar normas fundamentales.
“Es algo que tenemos considerado, principalmente porque se pueden ver vulnerados derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes”, expresó la parlamentaria del PC.
