Utilizando el eufemismo de representante máxima o símbolo, la senadora Carmen Gloria Aravena se ha convertido en “la embajadora” de la reforma al sistema político y electoral, tras su renuncia a Republicanos, como consecuencia de aprobar los acuerdos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento.
La reforma al sistema político contempla -entre otras materias- sancionar con la pérdida del escaño a los parlamentarios que renuncien a la colectividad que patrocinó su candidatura o cuando decidan trasladarse a otra bancada. Si bien el objetivo de la iniciativa y el enfoque con el que se aborda son compartidos, resultan insuficientes para combatir de raíz el fenómeno del multipartidismo descontrolado y la total impunidad con que los representantes cambian de tienda política sin costo alguno ante la ciudadanía: hoy parece ser socialmente más repudiable cambiarse de equipo de fútbol que de partido político.
La propia senadora, elegida bajo el cupo de EvópoIi, se cambió poco después al comité y bancada de Renovación Nacional, para más tarde militar y formar, junto al senador Edwards, el comité de Republicanos en el Senado. Hoy, ninguno de los dos forma parte de dicho partido, por tanto, la tienda de José Antonio Kast se ha quedado sin representantes en la Cámara Alta en medio de su campaña presidencial.
Como nota aparte, será interesante observar hacia dónde se dirigen ambos parlamentarios, considerando que renunciaron en estas semanas: ella, al Partido Republicano y él, también ha renunciado recientemente al Partido Social Cristiano, al que había ingresado tras dejar Republicanos.
Las elecciones, además de ser un momento político clave del país, generan mayorías legítimas y, bajo reglas claras y transparentes, permiten prever la configuración de cada legislatura. En el periodo actual del Senado, por ejemplo, se generaron acuerdos internos para la administración y funcionamiento de las distintas comisiones y sus presidencias. Evidentemente, cualquier modificación, por mínima que sea, altera ese delicado equilibrio, ya que, a nivel macro, las fuerzas políticas quedaron igualadas, como no se veía hace décadas, ni la izquierda ni la derecha alcanzaron una mayoría calificada. Por ello, salvo casos extremos -como una modificación sustancial en los principios fundacionales de un partido-, la renuncia a la militancia o el cambio de comité parlamentario debe tener consecuencias políticas.
Si a lo anterior se suma la facilidad para conformar un partido político nuevo, luego de la reforma de 2015 que rebajó el número de patrocinios de 0,5 a 0,25% de ciudadanos que hubieren sufragado en la última elección de diputados, cualquier desarreglo o diferencia genera esta suerte de caudillos que forman su propio partido con acceso a financiamiento estatal. De esta forma, el mandato de representación irrevocable que recibe cada parlamentario electo debe ir acompañado de contrapesos institucionales si se quiere ser leal a la voluntad soberana expresada en las urnas.
Cabe señalar que la renuncia de la senadora responde a presiones internas de carácter electoral, pues ella argumentó haber actuado en conciencia y de forma responsable. En efecto, el Partido Republicano ha endurecido su postura, evitando acuerdos con el Gobierno en cualquier materia, intentando ubicarse y diferenciarse de la derecha tradicional, corriéndose hacia el extremo del espectro político.
Solo queda decir: ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo que los parlamentarios cambien de color político sin enfrentar consecuencias de ningún tipo si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia?
