Un duro golpe asestó la Contraloría al rechazar las modificaciones propuestas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que lidera Louis de Grange, a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), también conocida como “Ley Uber”.
El nuevo reglamento ingresado por el biministro pretendía flexibilizar los requisitos para operar en plataformas de transportes. Así, se proponía aumentar los años de antigüedad permitida de los vehículos. Para quienes entren al sistema, el límite pasa de uno a cinco años, y hasta siete en regiones extremas, mientras que los autos ya operativos podrán tener hasta 15 años. También, se pretendía eliminar la exigencia de cilindrada y potencia mínima del motor.
No obstante, el ente fiscalizador que dirige Dorothy Pérez dio un portazo a los cambios propuestos por de Grange principalmente por la reducción de exigencias técnicas, como la “antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública“.
“Si bien corresponde a la Administración definir las exigencias para los servicios de que se trata, en este caso se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte, como son aquellos realizados a través de las empresas de aplicación de transportes reguladas en la ley N° 21.553″, estableció la Contraloría.
