El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) emitió una declaración pública luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer su informe en el que detectó que 16 personas con antecedentes penales fueron contratadas para cumplir funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024.
Todas ellas estaban inhabilitadas para trabajar por delitos como estafa, robo, hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas.
Ante esto, el organismo aseguró que analizaron “en detalle las observaciones contenidas en dicho informe y, además de adoptar las medidas correctivas, (…) presentó (…) una solicitud de reconsideración legal en relación a determinadas observaciones vinculadas a procedimientos de cobro de multas, censistas sin respaldo para trabajar y arrendamientos“.
A raíz del informe de Contraloría, el INE dio “la instrucción inmediata de un sumario administrativo –con fecha 13 de marzo de 2026- en relación con los 16 censistas con antecedentes penales (0,04% del total contratado), además de haber efectuado las denuncias respectivas al Ministerio Público, las cuales se encuentran actualmente en investigación”.
“En el mismo proceso sumarial se está investigando, además, la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país (0,03% de todas las contrataciones)”, agregaron.
