Se avecina la cuenta pública y el inicio de la discusión presupuestaria, una etapa clave para que el país defina sus prioridades. Parece un buen momento para que el Estado adopte decisiones que armonicen las múltiples necesidades de Chile. En este marco, es imprescindible subrayar el papel fundamental que tiene la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) como motores de un desarrollo sostenible y equitativo.
Chile ha avanzado significativamente en la consolidación de una institucionalidad científica en comparación con otros países de la región. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en 2018, y otras entidades como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, da cuenta de un giro hacia la valorización del conocimiento como herramienta para enfrentar desafíos complejos, dejando atrás una visión marginal de la ciencia en la gestión del Estado.
Desde tiempos antiguos, la humanidad ha demostrado una admirable capacidad de adaptación y de generación de soluciones frente a sus propios desafíos y los del entorno. En el Chile de hoy, esta capacidad sigue vigente. Sin embargo, el país aún no ha logrado consolidar una institucionalidad científica sólida, permaneciendo dependiente de las coyunturas políticas por sobre una mirada de largo plazo, colectiva y estratégica de desarrollo.
Este rezago se expresa con claridad en la inversión pública: El presupuesto destinado a I+D+i se ha mantenido estancado en torno al 0,34% del PIB, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (2%), y distante del anhelado 1% que demanda históricamente la comunidad científica. Esta brecha limita nuestro potencial de desarrollo y retrasa la construcción de una economía basada en el conocimiento, capaz de responder a los desafíos actuales y anticipar los futuros.
La pregunta, que debemos hacernos, es: ¿Estamos construyendo una institucionalidad que realmente proyecte al país al futuro? En un escenario global marcado por la incertidumbre, no podemos seguir aplazando la transición hacia una cultura de valorización del conocimiento con políticas de Estado estables, coherentes y sostenidas en el tiempo.
Nuestro país cuenta con el talento, los conocimientos y las redes internacionales necesarias. Lo que se requiere ahora es voluntad política y visión estratégica. Es urgente aumentar la inversión pública en I+D+i, fortalecer la descentralización y la articulación intersectorial, y promover la colaboración público-privada. Sobre todo, es necesario comprender que la ciencia no es un lujo reservado para tiempos de abundancia, sino una condición imprescindible para el desarrollo equitativo, resiliente y soberano de nuestra nación.
