Nada hacía presagiar que, en el final del Gobierno del Presidente Boric, se intentaran cambiar las reglas del juego. Bueno, en realidad sí, porque si algo ha caracterizado a esta administración es su permanente pulsión por alterar, reinterpretar o derechamente forzar los límites de las normas democráticas. Lo que en un comienzo parecía improvisación, hoy ya parece estrategia: acostumbrarnos a que las reglas pueden moverse como piezas de ajedrez, siempre y cuando beneficien al gobierno de turno.
Un ejemplo reciente es el intento de modificar el Presupuesto 2026 eliminando la glosa de libre disposición que, históricamente, queda en manos del siguiente gobierno —sea cual sea su signo político— para dar cierta flexibilidad en los primeros meses de gestión. No estamos hablando de un mero tecnicismo presupuestario, sino de un principio de continuidad democrática: el Estado no parte de cero cada cuatro años, y el presupuesto es precisamente la herramienta que permite darle gobernabilidad, norte y estabilidad al país.
Pero el actual gobierno ha decidido otra cosa. Pretende borrar esa glosa y, en su lugar, establecer mecanismos de reasignación que, en la práctica, significan saltarse al Parlamento. Es decir, reducir la capacidad del Congreso de incidir en la ejecución del gasto y aumentar el margen discrecional del Ejecutivo para decidir dónde y cómo se usan los recursos públicos. Dicho de otro modo: lo que no pudieron conseguir en las urnas ni con sus reformas fallidas, intentan ahora instalarlo por la vía presupuestaria.
La guinda de la torta es que esto ocurre en pleno año electoral, justo cuando el país se juega el rumbo de los próximos cuatro años. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Más bien parece una maniobra premeditada para dejar atado de manos al próximo gobierno, condicionando su capacidad de acción y asegurando, de paso, que el sello del actual oficialismo siga marcando la agenda aunque ya no estén en La Moneda.
Lo más grave es la contradicción: mientras el Presidente y sus ministros insisten en hablar de respeto a la institucionalidad, son ellos mismos quienes, una y otra vez, socavan sus cimientos. Porque una cosa es gobernar con mayoría parlamentaria —algo legítimo en cualquier democracia— y otra muy distinta es creer que la democracia es un traje a medida, ajustable según la conveniencia del día.
