En el debate parlamentario sobre la Ley de Presupuesto 2026, ha pasado casi desapercibido un recorte que amenaza uno de los programas más emblemáticos, evaluados y valorados de la política pública chilena: el Programa Habilidades para la Vida (HpV) de la JUNAEB. La reducción de un 10,3% de su presupuesto —equivalente a más de 2.500 millones de pesos— no es una simple cifra administrativa. Significa, en la práctica, eliminar los Dispositivos de Apoyo Psicosocial Transitorio (DAPS) y cerrar 30 proyectos comunales, dejando a más de 400 establecimientos y 91.000 estudiantes sin apoyo. Es decir, comunidades educativas completas quedarían sin acompañamiento en salud mental y convivencia escolar.
El HpV no es un programa cualquiera. Nació hace casi 30 años como una estrategia pionera de salud mental escolar, mucho antes de que la agenda global pusiera este tema al centro. A diferencia de intervenciones fragmentarias o de corto plazo, el HpV ha construido un modelo integral, territorial y continuo, articulando tres líneas —HpV I, II y III— que acompañan a niños, niñas y adolescentes desde la educación parvularia y básica hasta la enseñanza media. Sus equipos comunales trabajan directamente con escuelas públicas, articulando redes locales de salud, educación y bienestar. Cada acción se orienta al desarrollo de habilidades socioemocionales, la prevención de riesgos psicosociales y la promoción de climas escolares saludables.
En los últimos años, los DAPS —Dispositivos de Apoyo Psicosocial Transitorio— se han vuelto un pilar clave del sistema. Estos equipos especializados intervienen en situaciones críticas: suicidios escolares, emergencias socioambientales, catástrofes naturales, episodios graves de violencia o incendios como los ocurridos recientemente en Viña del Mar y Quilpué. En cada una de esas crisis, los DAPS estuvieron ahí: conteniendo, reparando, acompañando. Eliminar su financiamiento implica dejar a las comunidades más vulnerables solas ante el trauma y el dolor.
Paradójicamente, este recorte no se sustenta en criterios técnicos. La evidencia disponible es abrumadora: en más de una década, el programa ha mostrado niveles de ejecución presupuestaria superiores al 97%, incluso en pandemia. Fue sometido a evaluaciones ex post por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) —la instancia más rigurosa del Estado, obteniendo un desempeño general “medio” y múltiples menciones positivas por su diseño, pertinencia territorial, coordinación intersectorial y eficiencia (solo 5,9 % de gasto administrativo). En otras palabras, es un programa bien gestionado, evaluado y necesario.
Además, sus resultados en terreno son incuestionables: más de 2.800 establecimientos atendidos, 836.000 estudiantes beneficiados y presencia en las 16 regiones del país. Es el único programa de salud mental escolar con cobertura nacional y sostenida, y uno de los pocos en el mundo con una trayectoria tan larga y consistente. Por eso ha sido reconocido internacionalmente como una buena práctica de salud mental escolar universal y focalizada, y como modelo de articulación entre escuela, familia y comunidad.
Reducir su presupuesto en un contexto en que la salud mental infantil y adolescente es una prioridad nacional y mundial, carece de toda lógica técnica, ética y política. En 2020, durante la pandemia, ya existió un intento de cierre bajo el argumento de que “no era esencial”. La comunidad académica, las escuelas y los municipios reaccionaron entonces con una defensa transversal que logró revertir la decisión. Hoy, ante una rebaja que equivale a eliminar programas completos, nuevamente es necesario alzar la voz.
El HpV no es un gasto, es una inversión social y educativa de largo plazo. Cada peso invertido en bienestar emocional, prevención y convivencia escolar ahorra costos futuros en salud, seguridad y repitencia escolar. No hay política pública más costo-efectiva ni más coherente con el derecho de niños y niñas a desarrollarse en entornos seguros, inclusivos y protectores.
El Congreso Nacional tiene en sus manos una decisión trascendental. Corregir este recorte en la discusión presupuestaria no es un gesto de apoyo a un programa específico, sino una señal clara de que Chile entiende que la salud mental escolar es una prioridad país. Los parlamentarios que hoy evalúan esta partida presupuestaria deben saber que detrás de cada cifra hay comunidades reales, equipos que han trabajado con compromiso durante décadas, y estudiantes que enfrentan desigualdades estructurales que no se resuelven sin acompañamiento psicosocial.
Como académicos, investigadores y profesionales de Chile y del extranjero, hacemos un llamado urgente al Ministerio de Hacienda, al Congreso y a la opinión pública a restituir íntegramente el presupuesto del Programa Habilidades para la Vida. Defenderlo es defender la dignidad y la salud mental de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes del país. No hay argumento técnico, económico ni moral que justifique dejar caer uno de los programas más sólidos, evaluados y necesarios del Estado chileno.
