Con esta enfática frase de tan solo 1,3 segundos en la franja electoral, se hizo conocido un candidato durante de la elección parlamentaria de 2005. Al ser consultado, explicó que era la única forma de reflejar en tan poco tiempo la principal necesidad que tenían las personas en ese momento.
Veinte años después, la historia se repite. Por primera vez en años la prioridad para las personas vuelve a ser la economía —por la seguridad— y luego de 12 meses de expectativas al alza, aumentó abruptamente el pesimismo sobre el momento actual de nuestra economía: 8 de cada 10 personas considera que Chile está estancado o en retroceso (CADEM). Este cambio de percepciones es refrendado en las cifras, con dos IMACEC negativos consecutivos, una menor proyección de crecimiento y mayor inflación para el 2026 (Banco Central), y un mercado laboral que no repunta, con 38 meses consecutivos con desempleo sobre el 8%, 860 mil desempleados y un déficit de ocupación de 180 mil personas.
Para volver a crecer sostenidamente tenemos que avanzar en reformas estructurales en economía, educación y sistema político, las mismas tres dimensiones en las que retrocedimos significativamente desde —y a causa de— el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Por eso es tan importante el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social del Gobierno.
Durante la tramitación ya sabemos que la tensión política se centrará en la rebaja del impuesto corporativo. Sus opositores ya han señalado consistentemente, repitiendo la orden del día, que esto es caro, que no genera inversión y que beneficia a “los ricos”. Cada uno de estos puntos puede ser refutado con evidencia, pero más importante que centrarse en aquello es mostrar el efecto agregado del conjunto de medidas tributarias (incluyendo la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema, la repatriación de capitales y el crédito tributario por US$1.400 millones para la protección del empleo formal), y las no tributarias, como la reducción de la permisología ambiental.
La iniciativa pone énfasis en mejores reglas del juego e incentivos para la inversión, lo que es mucho más importante que la tasa corporativa para un proyecto en el largo plazo. Por eso es que la invariabilidad por 25 años para proyectos por sobre US$50 millones de dólares, sean de capitales nacionales o extranjeros, es una inyección a la vena del crecimiento. La buena noticia es que tenemos señales positivas con el ingreso de más de US$27.000 millones a evaluación ambiental durante el primer trimestre, lo que ya muestra una mayor confianza de los inversionistas.
Para acelerar la inversión no hay balas de plata; las iniciativas aisladas no funcionan. Por eso es tan importante el efecto sistémico del conjunto de estas iniciativas impulsando el capital y el trabajo. Obviamente algunas medidas tienen un costo fiscal que tendremos que asumir, ya sea por mayor gasto o menor recaudación, pero cada política pública tiene un objetivo particular, y el objetivo de estos instrumentos es crear más empleo y mejorar los ingresos de las familias, no abultar las arcas fiscales.
Con todo, cabe preguntar a los acérrimos detractores del proyecto y quienes intentan bloquearlo: ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir pegados en la mediocridad de un 2% de crecimiento? ¿Usar la estrechez fiscal como pretexto para no avanzar? Sería interesante escuchar sus propuestas.
El desafío para el Ejecutivo será comunicar en forma simple los beneficios del proyecto, para generar la tracción necesaria hacia su aprobación mayoritaria, dentro y fuera del Congreso.
Pese a la creatividad de su campaña, el candidato de nuestra historia perdió la elección; es que las cosas son más complejas y, como la vida misma, para ganar -volver a crecer y crear más y mejores trabajos-, tenemos que asumir algunos costos inmediatos para disfrutar de los beneficios en el futuro.
