Hay políticos que se van del gobierno y guardan silencio prudente. Hay otros que se van y maduran. Y hay, en una categoría propia, quienes se van y regresan al debate público con la desfachatez de quien no recuerda nada de lo que hizo.
Gabriel Boric reapareció esta semana con una intervención que merece un análisis cuidadoso, porque en pocas líneas logró acumular más omisiones que argumentos. El expresidente cuestionó los embargos que la Tesorería General de la República está ejecutando sobre las cuentas bancarias de deudores morosos del CAE y, con su habitual habilidad para construir relatos fantasiosos, declaró que “pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar” para resolver el problema.
Detengámonos aquí, porque la afirmación de que existía “consenso técnico” es derechamente falsa. Prácticamente nadie en la centroderecha estaba de acuerdo, es más, las dudas incluso llegaban a algunos sectores del entonces oficialismo. Si hasta el propio exministro de Hacienda Mario Marcel tenía serias reservas respecto a los costos fiscales de una condonación universal -que, según cálculos conocidos, bordeaba los 10 mil millones de dólares-. No había consenso técnico o político, ni de cerca. Había un gobierno que para llegar al poder prometió, sin pudor alguno, algo que sabía no podía cumplir, y que luego intentó administrar las consecuencias de esa promesa con la misma torpeza e irresponsabilidad con que había sido formulada.
Porque ese es el dato que Boric omite con la mayor naturalidad del mundo, que la promesa de condonación universal del CAE fue el primer acto político relevante de su carrera presidencial -un compromiso 100% explícito de campaña- y que esa promesa tuvo un efecto medible y documentado sobre el comportamiento de los deudores. La morosidad en el CAE pasó del 28% al 53% durante su gobierno. No fue una coincidencia meteorológica o del tarot. Fue la consecuencia predecible de decirle a cientos de miles de personas que sus deudas serían perdonadas. El exdirector de Presupuestos Matías Acevedo lo resumió bien: “Si yo les pregunto si tienen un crédito y una promesa de condonación, ¿lo van a pagar?” La respuesta era obvia antes de la pregunta.
Pero hay todavía una omisión más grave, y esta roza directamente lo cínico. La norma que hoy permite a la Tesorería embargar fondos desde cuentas bancarias -la Ley de Cumplimiento Tributario N.º 21.713, que modificó el artículo 170 del Código Tributario- la firmó él. Boric promulgó la ley que amplió las herramientas de cobro del Estado. Ahora sale a denunciar los embargos que esa misma ley habilita, con la indignación de quien descubre que el fuego quema después de haberlo prendido.
Este es el cuadro completo. Un expresidente que prometió condonar deudas y disparó la morosidad, que firmó la ley que permite los embargos que hoy cuestiona, que habla de “consenso técnico” donde había desacuerdo profundo incluso dentro de su propio gobierno, y que convoca a las “fuerzas progresistas” a levantar la voz con la misma energía que no tuvo cuando gobernaba y podría haber actuado.
Hay también un elemento que el debate general prefiere silenciar por comodidad política. Los embargos ejecutados hasta ahora afectan a personas con sueldos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales. Es decir, a profesionales que accedieron al crédito del Estado para estudiar en universidades de prestigio, que obtuvieron las credenciales y los ingresos que buscaban, y que en una proporción significativa optaron por no pagar. No se puede edificar una sociedad funcional sobre la premisa de que las obligaciones con el Estado son optativas. No se puede proteger la autoridad fiscal cuando el Estado no puede cobrar lo que se le debe. El CAE respondió a un contexto determinado, pero su diseño fue deficiente y merece reforma. Eso es cierto. Pero de ahí a concluir que la deuda no existe, o que cobrarla es un acto de crueldad, hay una distancia enorme que sólo recorre quien no piensa en el efecto que tiene sobre todos los demás el mensaje de que pagar es voluntario.
La intervención de Boric es un intento ramplón de transformar en virtud lo que fue fracaso, y en responsabilidad ajena lo que fue decisión propia. Se puede discutir la política del CAE con seriedad. Lo que no se puede hacer es discutirla omitiendo que el interlocutor principal de esta historia es el mismo que prometió condonar, que vio subir la morosidad, que amplió las facultades de cobro y que hoy sale a indignarse por los resultados.
Hay que ser bien caradura.
