Desde que abandonó La Moneda el pasado 11 de marzo, el expresidente Gabriel Boric se mantuvo alejado de la contingencia política. Eso se mantuvo hasta la tarde de ayer martes cuando el exmandatario decidió criticar en redes sociales la decisión del Gobierno del presidente José Antonio Kast de endurecer el cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Motivado por las denuncias de varios deudores que acusaron a la Tesorería General de la República (TGR) de vaciar sus cuentas bancarias, el líder frenteamplista publicó en X (antes Twitter) un extenso mensaje que apuntó contra las prioridades del Ejecutivo planteando: “¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”, escribió Boric.
Lo que más llamó la atención del mensaje del exmandatario, eso sí, fue la frase de inicio: “Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”.
La afirmación generó ruido en el mundo político. De hecho, la réplica vino desde el mismo Gobierno del presidente Kast.
El biministro, Claudio Alvarado, apuntó a las expectativas que generó la condonación que comprometió Boric en el inicio de su mandato y cómo ésta devino en el crecimiento de la deuda del CaAE. “Gran parte del problema también está motivado por esa promesa”, sostuvo el jefe de Interior y la Segegob.
Pero no sólo en la arena política se cuestionó a Boric. También desde la academia y expertos que se involucraron en la discusión sobre el FES hubo respuesta para el expresidente.
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP, replicó al expresidente aseverando que “no había consenso, fui de las pocas en apoyar la tramitación del FES. Es verdad que el gobierno se abrió a presentar cambios al proyecto, pero fue solo al final de su mandato y fueron obstinados en mantener un sistema de impuesto a los graduados que nadie apoyó”.
¿Consenso técnico?
La afirmación de Boric no es nueva. En enero de este año, con el FES aún en tramitación en el Senado, el entonces presidente declaró que existía “consenso técnico en donde todos tuvieron que ceder en algo”.
La frase apuntaba, más que un acuerdo espontáneo de los organismos especializados, al resultado de un proceso de negociación de último minuto en que el Ejecutivo introdujo una batería de cambios al proyecto original para desbloquear su avance.
El problema es que ese relato colisiona con lo que ocurría en paralelo. En enero de 2026, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) reiteró ante la Comisión de Educación del Senado sus reparos de fondo al mecanismo. La presidenta del organismo, Paula Benavides, advirtió que el ahorro neto del mecanismo propio del FES al año diez era negativo en $358.500 millones de pesos de 2025, y que en un horizonte de 74 años el ahorro neto promedio anual seguiría siendo deficitario en $118.391 millones.
Requerido por EL DÍNAMO, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) sostiene que “tuvimos muchas reuniones, pero decir que había un consenso, que había un acuerdo… eso nunca llegó a concretarse”.
El senador recuerda que citó a fines de 2025 a un encuentro en torno al financiamiento de la educación superior, instancia en que tampoco se llegó a un acuerdo unánime.
En ese sentido, Sanhueza explica que el acuerdo técnico no llegó debido a que “había una reticencia por parte del gobierno anterior de establecer que el FES era un crédito. Se estaba construyendo un instrumento que era exactamente igual que un crédito, pero no se le decía crédito. Había un tema ideológico detrás del concepto; ahí había una línea que nunca lograron superar”.
Los cuestionamientos no eran nuevos ni exclusivos de la oposición al gobierno de Boric.
El CFA alertó que el aparente ahorro que mostraban los informes financieros de la Dirección de Presupuestos dependía de medidas distintas al mecanismo del FES, como la eliminación de las becas de arancel y la postergación de la extensión de gratuidad.
La Contraloría, por su parte, había dictaminado que los recursos que el proyecto contemplaba no reunían las condiciones para ser reconocidos como activos financieros del Estado.
Tampoco el Consejo de Rectores presentaba una postura unificada. Al interior del CRUCh no existía una posición oficial ni unitaria respecto del FES: cada universidad vivía condiciones distintas y, según las simulaciones del grupo de planteles, algunas se verían beneficiadas mientras otras enfrentarían fuertes perjuicios económicos.
“Creo que hay una contradicción en los planteamientos del expresidente: no haber sido capaz, después de cuatro años, de sacar un financiamiento, y además ser incapaz de reconocer que lo que él proponía no estaba en lo correcto”, concluye Sanhueza.
