Hay muchas maneras de ser incompetente. Se puede negar que el Tren de Aragua hubiera puesto un pie en el país y, acto seguido, fracasar en combatirlo. Se puede declarar amor eterno por la educación pública y dejarla, cuatro años después, más debilitada que nunca, con los colegios públicos emblema casi en escombros. Se puede izar la bandera del feminismo y ver cómo, bajo el propio mandato, el desempleo femenino supera el 10% por primera vez en cuatro años. Se puede jurar que la plata de los pobres estará a salvo e inventar, en cambio, fundaciones fantasmas que sólo existen en un convenio. Se puede repetir como mantra la responsabilidad fiscal y errar, sistemáticamente, cada proyección de ingresos. Se puede prometer condonar el CAE y terminar dejándolo crecer hasta volverlo impagable.
El gobierno de Gabriel Boric demostró que se puede ser incompetente de todas esas formas al mismo tiempo. No por falta de ambición, sino por una notable habilidad para prometer una cosa y entregar la contraria. Si hay que concederle algo, es esa regularidad. Cumplió, con método casi admirable, en fallar.
Pero existe una incompetencia de otra categoría, una gravísima. No se mide en puntos de desempleo ni en proyecciones erradas de Hacienda. Se mide en niños que no sabemos dónde están.
Un preinforme de la Contraloría reveló que, sólo entre enero y abril de 2025, más de 300 niños y adolescentes haitianos ingresaron a Chile en vuelos chárter bajo la figura de reunificación familiar, de la mano de, al menos, 12 adultos que oficiaron como “tutores” sin tener ningún lazo de sangre con ellos. En enero, cuando Contraloría salió a buscar a un primer grupo de niños en riesgo, de 105 ubicados, sólo 41 estaban en los domicilios registrados; a 64 simplemente se les perdió el rastro. Y la cifra puede ser peor. El propio órgano fiscalizador plantea que unos 486 menores podrían haber sido víctimas de tráfico de migrantes durante el gobierno de Boric.
Nadie llegó a ese desastre por accidente. En mayo de 2024 el director de Migraciones de la época firmó un memorándum que flexibilizaba los requisitos documentales para que ciudadanos haitianos -certificados de nacimiento de niños incluidos- pudieran tramitar su ingreso sin la legalización correspondiente. Y las alertas existían: la Defensoría de la Niñez envió desde 2023 varios oficios advirtiendo sobre la falta de coordinación entre los organismos públicos y los riesgos de esta migración irregular, sin obtener jamás una respuesta.
Hoy, mientras la Fiscalía investiga eventual trata de personas, cohecho y falsificación de instrumentos públicos -y mientras ni siquiera se descarta la hipótesis de un tráfico de órganos- Luis Thayer, el funcionario frenteamplista, obvio, que tuvo en sus manos el control de ese ingreso no logra ni ponerse de acuerdo con su propio relato. Es el mismo que alguna vez sostuvo que ningún país del mundo había entrado en crisis por la migración, que repetía sin matices que nadie era ilegal al cruzar una frontera. Ahora, frente a la pregunta más elemental de todas, ¿dónde están esos niños?, no es capaz de hilar sílabas de forma coherente.
A estas alturas da lo mismo repartir con precisión las cuotas de responsabilidad entre Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la PDI y la Aeronáutica Civil; ya habrá tiempo para que la Fiscalía determine, quién mintió y quién sólo miró para el lado, haciendo honor a su rol de burócrata. Lo urgente es encontrar a esos niños. Esa tarea ya no es de quienes los perdieron, sino que, por fortuna, de este gobierno. Porque si de algo puede jactarse el de Boric, es de la prolijidad con que practicó la incompetencia en cada uno de sus frentes. Y en eso, hay que reconocerlo, fue impecablemente consecuente y brillante.
Lo imperdonable es que ahora se trata de niños.
