El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a las diversas pericias desarrolladas por la institución para pesquisar “la ruta del dinero” de las organizaciones criminales, tras la Operación Tokyo, que logró detectar el lavado de dinero del Tren de Aragua en el país y que llegó a los $78 mil millones.
Al respecto, el jefe del Ministerio Público se mostró a favor del levantamiento del secreto bancario para enfrentar este tipo de delitos, en entrevista con radio ADN: “Sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”.
Ángel Valencia expresó que, para desbaratar a estas organizaciones transnacionales “tenemos que comenzar a familiarizarnos con la detención de grandes grupos de personas, porque hasta hace algún tiempo uno de los reproches más frecuentes a las policías, a la Fiscalía y a los sistemas penales en el mundo era que normalmente te quedabas con la parte de abajo de la organización”.
En esta línea, puso énfasis que, a pesar de concretarse más de 300 detenciones vinculadas al Tren de Aragua, el grupo reaparece en otros sectores del país, por lo que destacó la favor del fiscal Héctor Barros en la Operación Tokyo.
“Es una operación importante porque aborda el lavado de activos, el lavado de dinero que se origina en actividad criminal en Chile. Desde ese punto de vista es una operación muy importante, muy significativa”, precisó.
Valencia y Registro Nacional de Vándalos
El fiscal nacional además reiteró su intención que el Registro Nacional de Vándalos considere la inclusión de aquellos involucrados en delitos económicos, como “los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, en general no lo son, pero provocan un daño importante a la comunidad”.
Pero la postura de Ángel Valencia sobre el levantamiento secreto bancario encontró el rechazo del Gobierno, donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recalcó que la postura del Gobierno es resguardar el Estado de Derecho y sostuvo que este tipo de medidas deben contar con una orden de un juez.
“Respaldamos siempre las investigaciones que tienen las aprobaciones de las órdenes judiciales”, indicó, agregando que el Ejecutivo insistirá en la prevalencia del Poder Judicial para este tipo de diligencias.
