El secreto bancario volvió al centro del debate público, y con razón. Chile sigue manteniendo restricciones más severas que la mayoría de los países de la OCDE para acceder a información financiera en investigaciones de delitos complejos. Hoy, dicho acceso solo es posible mediante autorización judicial o a través de mecanismos limitados contemplados en la normativa tributaria.
La discusión no es nueva, pero los hechos la han vuelto urgente. Casos como la Operación Tokio, que permitió desbaratar una red vinculada al Tren de Aragua que habría lavado cerca de US$80 millones a través del sistema financiero, evidencian las dificultades que enfrentan fiscales y organismos especializados para seguir la ruta del dinero de manera oportuna. Mientras las organizaciones criminales operan con rapidez y sofisticación, las instituciones encargadas de perseguir estos delitos suelen enfrentar obstáculos que retrasan las investigaciones.
En este contexto, el Fiscal Nacional ha planteado la necesidad de flexibilizar el acceso a la información bancaria para fortalecer la persecución del crimen organizado y el lavado de activos. Entiendo la preocupación por la privacidad que es legítima y debe resguardarse, pero ningún derecho es absoluto cuando está en juego la seguridad pública y el interés general.
La pregunta es simple: ¿vamos a proteger datos o vamos a proteger barrios? No es una disyuntiva falsa. La experiencia internacional demuestra que es posible compatibilizar ambos objetivos mediante sistemas que permitan el acceso a información financiera bajo criterios estrictos, controles judiciales y sanciones frente a eventuales abusos. Ese es, precisamente, el estándar que promueven los países de la OCDE.
Modernizar el régimen de secreto bancario no implica debilitar las garantías de los ciudadanos. Implica dotar al Estado de herramientas acordes a los desafíos actuales, entendiendo que el crimen organizado opera hoy de manera digital, transnacional y cada vez más sofisticada. Si queremos combatir eficazmente estos delitos, debemos entregar a las instituciones las facultades necesarias para hacerlo.
