En los 27 discursos posteriores a la Cuenta Pública, el presidente Kast repitió la misma frase en diez ocasiones distintas: “ordenar la casa”. La dijo en seguridad, política penitenciaria, migración, inversión, escuelas y responsabilidad parental y en una reunión con alcaldes. Es la forma en que está definiendo el problema, sus responsables y la promesa de solución. Antes de que existan resultados que evaluar, el gobierno está construyendo el lenguaje desde el cual su gobierno será leído.
La arquitectura del relato tiene tres conceptos claves. El orden, como condición de todo lo demás. La libertad, que en su discurso requiere de orden para existir: “no hay libertad sin seguridad”. Ese movimiento busca desactivar la crítica de autoritarismo antes de que se formule. Y la familia, que durante junio pasó a ordenar toda la agenda. Seguridad para vivir sin miedo, empleo para llegar a fin de mes, sala cuna para quienes quieren tener hijos. La familia aparece como el sujeto moral desde el cual el gobierno organiza su política pública.
Pero donde el relato revela su mayor ambición política es en los derechos sociales. En los discursos sobre personas mayores, natalidad, responsabilidad parental y sala cuna, el presidente Kast despliega el mismo binomio: por cada derecho, un deber. La gradualidad y la conducta individual pasan a ser condiciones de acceso. Instalar esa idea reencuadra el contrato social. Los derechos sujetos a condiciones constituyen una categoría distinta a los derechos universales, y esa distinción es la que busca fijar ahora.
Hacia el final del mes aparece con fuerza una segunda capa, la cual busca instalar atributos de carácter del posicionamiento presidencial. En 14 de los 27 discursos y sobre todos durante la última semana, el presidente Kast describe que frente a una decisión difícil que tomó, existía una alternativa más popular (o populista) y desde ahí, presenta su elección como virtud. Los combustibles, las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, la gradualidad de la sala cuna. En cada caso, el costo político funciona como evidencia de carácter. El presidente que no cede, aunque le cueste, se vuelve el eje del relato.
El movimiento más ambicioso llegó en el discurso sobre educación. El presidente lo abrió y cerró con el asesinato de un niño de 12 años en un portonazo. La tragedia fue el argumento, no el contexto. Desde ahí construyó una cadena causal: la reforma igualitaria desplazó a las familias, ese desplazamiento produjo fracaso escolar y ese fracaso entregó niños al crimen organizado. Cuando esa cadena quede instalada en el sentido común, desmontar la reforma anterior dejará de ser una decisión técnica. Pasará a ser una obligación moral.
Lo políticamente relevante está en la arquitectura completa que está instalando. Por un lado define el orden como condición de la libertad, a la familia como sujeto principal de la sociedad y fija bajo qué condiciones se accede a un derecho. La segunda jugada es convertir cada decisión impopular en evidencia de carácter presidencial. Mientras el gobierno instala un marco que disputa directamente el de derechos universales e identitarios del ciclo anterior, la oposición no tiene relato propio, no disputa ninguno de los tres nodos y deja que el terreno conceptual se defina sin respuesta. En política, eso tiene un nombre: perder la famosa batalla cultural.
