Chile enfrenta uno de los escenarios laborales más complejos de los últimos años. El propio Informe de la Mesa de Reactivación Laboral reconoce que el desempleo alcanzó un 9,1% y que el país acumula más de 40 meses con tasas superiores al 8%, además de registrar una disminución de 70 mil empleos formales en los últimos años.
En este contexto, cualquier reforma orientada a fortalecer el empleo merece ser bienvenida. Sin embargo, también debemos preguntarnos si algunas de las medidas propuestas podrían generar un efecto contrario al esperado.
La capacitación laboral no es un gasto; es una inversión en productividad, competitividad y desarrollo. Y, sobre todo, es una inversión en las personas.
El debate que hoy se instala parece centrarse casi exclusivamente en la inserción laboral inmediata. Sin embargo, detrás de esta discusión también existe un componente fiscal evidente: la reducción de la Franquicia Tributaria del 1% al 0,5% implicaría disminuir el incentivo que hoy tienen las empresas para invertir en capacitación.
En la práctica, esto significa que las empresas contarían con menos espacio para imputar ese gasto como crédito en su declaración anual de renta. El Estado podría aumentar su recaudación, es cierto, pero el costo puede ser alto: frenar la inversión privada en productividad, reconversión tecnológica y estabilidad laboral. Mirar la capacitación solo como un gasto tributario es una visión cortoplacista e insuficiente frente a los desafíos del empleo, la automatización y la transformación productiva.
El propio informe advierte que más de la mitad de los adultos chilenos presenta los niveles más bajos de comprensión lectora, habilidades matemáticas y resolución de problemas entre los países de la OCDE. Si ese es el diagnóstico, resulta difícil comprender que el debate pueda terminar debilitando uno de los principales instrumentos que incentivan la inversión privada en capacitación.
Es importante distinguir entre el instrumento y los programas que este financia. Si existen programas que requieren mejoras, corresponde fortalecer su diseño, aumentar la fiscalización, mejorar la pertinencia de los cursos y evaluar con mayor rigurosidad sus resultados. Pero eso no significa debilitar la Franquicia Tributaria, que durante décadas ha permitido movilizar recursos privados hacia el desarrollo de competencias laborales.
Reducir este incentivo no solo afectaría a las empresas que invierten en capacitación. También tendría consecuencias sobre un amplio ecosistema económico que pocas veces aparece en la discusión pública.
Detrás de cada curso existe mucho más que una sala de clases. Hay relatores, coordinadores, diseñadores instruccionales, proveedores tecnológicos, transportistas, hoteles y cientos de pequeñas pymes locales que participan en la ejecución de cada actividad.
A nivel nacional, se estima que esta industria genera trabajo para más de 80.000 personas entre empleos directos e indirectos. Si la inversión disminuye, miles de esos puestos se verán amenazados justo cuando el país enfrenta un desempleo del 9,1%.
Las regiones serían las primeras en sentir ese impacto. En el Maule, gran parte de esta cadena está formada por pequeñas empresas y trabajadores independientes que dependen de la actividad de capacitación para sostener sus ingresos. Cada curso que deja de realizarse significa menos oportunidades para quienes se capacitan, pero también menos trabajo para decenas de proveedores locales.
Existe además otro efecto que pocas veces se menciona. La Franquicia Tributaria se ha transformado en un instrumento fundamental para financiar la certificación de competencias laborales de ChileValora. Solo durante 2025, el uso de la franquicia para este propósito aumentó un 51%, llegando a representar cerca del 27% del financiamiento de estos procesos.
Reducir este mecanismo significa, en la práctica, dificultar que miles de trabajadores certifiquen formalmente los conocimientos adquiridos durante años de experiencia, frenando de golpe la mejora en su empleabilidad y sus posibilidades de desarrollo.
Tampoco debemos olvidar que los excedentes de la Franquicia Tributaria permiten financiar programas como Becas Laborales, que entregan oportunidades de capacitación a personas desempleadas, mujeres, jóvenes, adultos mayores y otros grupos vulnerables. Debilitar esta fuente de financiamiento terminaría afectando justamente a quienes más necesitan apoyo para incorporarse al mercado del trabajo.
Hay otro aspecto que merece reflexión. El informe de la Mesa concentra sus propuestas en la inserción laboral dependiente, la regulación del mercado del trabajo y la empleabilidad. Sin embargo, prácticamente no aborda el emprendimiento como una herramienta para crear empleo.
En regiones como el Maule, miles de pequeñas empresas nacieron gracias a emprendedores que transformaron una simple idea en una fuente de trabajo para otras personas. Allí, la capacitación también cumple un rol fundamental: entrega herramientas para administrar un negocio, incorporar innovación y digitalizar procesos.
Formar capital humano, por lo tanto, también significa crear las condiciones para que nazcan nuevos empleadores, no solo nuevos trabajadores.
Modernizar el sistema de capacitación es indispensable. Exigir mayor calidad, mejores resultados, más transparencia y una mayor vinculación con las necesidades productivas del país es un desafío compartido.
Pero modernizar no puede significar debilitar un instrumento que ha permitido formar trabajadores, fortalecer empresas, financiar certificaciones, apoyar programas sociales y sostener una actividad económica que también genera empleo.
Modernizar también exige revisar la gobernanza del sistema. Una mejora necesaria sería evaluar un nuevo modelo para SENCE, más participativo y alineado con la exitosa experiencia de ChileValora. Esto implica incorporar una lógica tripartita donde el sector público, los empleadores y los trabajadores participen formalmente en la definición de prioridades, pertinencia y estrategias de formación.
Un sistema moderno no puede diseñarse solo desde el escritorio del Estado ni únicamente desde la demanda empresarial. Debe construirse en conjunto. Una gobernanza tripartita entregará mayor legitimidad, pertinencia territorial y continuidad estratégica; algo vital para regiones cuyas necesidades productivas rara vez coinciden con las prioridades definidas desde Santiago.
Chile necesita más productividad, más innovación y mejores oportunidades laborales. Ninguno de esos objetivos será posible si dejamos de invertir en el principal activo que tiene nuestro país: las capacidades de las personas.
Porque la mejor política de empleo no comienza cuando alguien queda cesante. Comienza mucho antes, cuando decidimos invertir en el desarrollo del capital humano que permitirá a Chile crecer, competir y construir un futuro con más oportunidades para todos.
