“Es mejor que diez inocentes sufran a que un espía escape”. Esa lógica, atribuida a Nikolái Yezhov durante las purgas soviéticas, refleja una idea tan simple como peligrosa: aceptar la injusticia contra algunos inocentes para evitar un mal mayor. Occidente construyó el principio contrario. La dignidad de la persona exige que el Estado minimice al máximo el riesgo de sancionar a quien no ha cometido una falta. Por eso la presunción de inocencia es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho moderno.
La salida del subsecretario Juan Pablo Rodríguez deja dudas precisamente desde esa perspectiva. La contramuestra, destinada a confirmar o descartar el resultado inicial, aún no ha sido conocida públicamente. Si ese procedimiento existe es porque ningún examen de laboratorio es infalible. Antes de sacar conclusiones, corresponde esperar su resultado.
A ello se suma otro problema. Todo indica que antecedentes médicos llegaron a medios de comunicación antes de ser oficialmente conocidos. Si fue así, no solo quedó comprometida la honra del afectado, sino también el derecho de todo paciente a la confidencialidad de su información clínica.
El efecto ya está a la vista. Para gran parte de la opinión pública, Rodríguez dejó el cargo por consumo de drogas. Sin embargo, él sostiene categóricamente que no consume y que el examen contiene un error. Mientras la contramuestra no despeje esa controversia, su única defensa es su palabra frente a una condena pública probablemente irreversible.
Es comprensible que el Gobierno quiera evitar cualquier sombra de duda. Pero precisamente en esos casos las garantías deben respetarse con mayor rigor. Existían alternativas menos gravosas que aceptar inmediatamente su salida, como suspender temporalmente sus funciones mientras se conocía el resultado definitivo. Si el examen inicial resulta equivocado, se habrá destruido injustamente la reputación de una persona.
No se trata de defender a Rodríguez ni de afirmar que el examen esté errado. Se trata de recordar que nadie debería ser tratado como culpable antes de que existan antecedentes suficientes.
La importancia de este principio ha quedado demostrada muchas veces. En 2018, un candidato a la presidencia de la FEUC fue acusado anónimamente en redes sociales de violar a una compañera. Antes de cualquier investigación, fue funado y tratado como culpable. Meses después se demostró que la denuncia era falsa. Aunque recuperó su nombre, el daño ya estaba hecho. Distinta suerte corrió Jorge Tocornal, acusado de delitos sexuales contra sus hijos. Solo tras su muerte, ellos se retractaron y señalaron que habrían sido manipulados por su madre para denunciarlo.
Si la contramuestra confirma el consumo, existirán razones suficientes para haberlo removido del cargo. Pero si demuestra que hubo un error, el daño a su honra difícilmente podrá repararse. Esa es precisamente la razón por la que las sociedades democráticas valoran el debido proceso y la presunción de inocencia: porque los errores existen, las acusaciones falsas también, y las cacerías de brujas siempre terminan mal.
Benjamin Franklin lo resumió con una frase célebre, diametralmente opuesta a la lógica de Yezhov: “Es mejor que cien culpables escapen a que un inocente sufra”. Esa convicción ha sido uno de los pilares del Estado de Derecho. La pregunta es si estamos dispuestos a defenderla incluso cuando hacerlo resulta incómodo.
