Recientemente, el INE publicó que la tasa global de fecundidad en Chile cayó a 0,99 en 2025: menos de un hijo por mujer. Nunca había ocurrido.
El dato confirma una crisis que se venía anunciando: en tres décadas, los nacimientos se desplomaron casi a la mitad, pasando de 275 mil a 146 mil al año. Hasta hace una generación, en Chile nacían muchos más de los que morían. Hoy la ecuación se invirtió.
Si entramos en detalle, la situación es aún más alarmante: uno de cada cinco niños que nace hoy en el país es hijo de madre extranjera; en 2017 era uno de cada quince. Si contamos solo a las madres chilenas, la baja deja de ser una alerta: es un abismo.
El diagnóstico fácil culpa a las ideas: el individualismo, el feminismo y la cultura del yo habrían matado a la familia. Lo repiten, con distinto acento, tanto el conservador que añora la familia de antaño como el progresista que celebra su disolución. Es una explicación cómoda. Y es falsa.
No es que no quieran tener hijos. Es que no pueden pagarlos.
Lo dice la propia ciudadanía. En la Encuesta CEP, el 58% de los chilenos declara que la familia ideal tiene tres hijos —casi el doble que hace una década—, y la cifra se repite entre hombres y mujeres, ricos y pobres. Quieren tres. Tienen, en promedio, uno.
El problema no es de convicción. Es de aritmética.
Esa brecha entre el hijo deseado y el posible no la abre un capricho: la abre la calculadora. Una sala cuna cuesta más de 400 mil pesos al mes —prácticamente un sueldo mínimo líquido—. Solo los primeros años de crianza bordean los seis millones de pesos anuales. Si a eso sumamos vivienda, alimentación y transporte, los números sencillamente no dan.
La cuna se volvió un lujo.
Es cierto que existió un cambio cultural real: la maternidad dejó de ser un mandato y la edad promedio para tener el primer hijo se desplazó de los 27 a los 30 años. Esa autonomía es una conquista que nadie sensato querría revertir. Pero decidir tener hijos más tarde no explica por qué se termina teniendo menos de los que se anhelan. El deseo sigue ahí; lo que falta es el presupuesto para sostenerlo.
Entonces, ¿el problema de fondo es cultural o es el reflejo de una economía en la que la vivienda es impagable y el cuidado, un costo inasumible?
La solución, sin embargo, no es trivial. Hoy la ley obliga a pagar sala cuna a las empresas con veinte o más trabajadoras. ¿El resultado? En esas firmas, la mujer ingresa con un sueldo entre 9% y 20% más bajo. El empleador termina descontándole a la trabajadora lo que la ley lo obliga a financiar.
No es un beneficio. Es un castigo salarial.
Para colmo, esa obligación recae sobre apenas una de cada siete empresas, dejando fuera a la inmensa mayoría de las madres. La reforma que busca corregir este mal diseño lleva años durmiendo en el Congreso y, aun si se aprobara, mantendría al margen a quienes trabajan en la informalidad. Se trata de una política incompleta y profundamente regresiva.
El camino debe ser el inverso: abaratar la crianza en lugar de encarecer el empleo. Se requieren incentivos a quienes proveen lo que una familia necesita —cuidado, vivienda, educación— y menores barreras para que entren más actores a competir. Que criar cueste menos, en vez de que contratar sea más caro.
Si queremos un país que mañana cuente con trabajadores para sostener la economía y cuidar a sus mayores, tener más de un hijo no puede seguir siendo un privilegio reservado para quienes lo tienen todo. Defender a la familia exige ir a la raíz: atacar el costo de vida que la vuelve inviable. Porque un país que encarece la vida familiar a este nivel no está ajustando una proyección demográfica; está hipotecando su propio futuro.
