Diputados del Partido Socialista (PS) presentaron en el Séptimo Juzgado de Garantía una querella contra quienes resulten responsables, entre los funcionarios públicos del Serviu y del ministerio de Vivienda, por el presunto fraude al fisco en el denominado caso Kodama.
Según el diputado Juan Luis Castro, jefe de la bancada, “se habría producido una transacción millonaria que se fraguó durante meses entre personeros del Serviu, asesores directos de la ministra (Magdalena Matte), llegó a conformarse un decreto supremo de carácter express y finalmente, producto de las presiones, y de la luz pública que tuvo que salir cada uno de estos antecedentes, el Gobierno se encuentra en una etapa crítica, frente a un nuevo episodio en el ministerio de la Vivienda”.
Por su parte, el legislador y vicepresidente del PS, Marcelo Díaz, acusando responsabilidades políticas, pidió la renuncia de la ministra Matte.
“Le pedimos a la ministra (Matte) que dé un paso al costado, que renuncie a su cargo, que permita que los chilenos recuperemos la confianza en un ministerio que es fundamental, particularmente en la reconstrucción”, dijo.
Aseguró que en este caso la ministra Magdalena Matte no puede “desligarse de las responsabilidades” que pudiera tener, a pesar de que en este caso aparece como denunciante. “Al final fue ella la que firmó el decretó que autorizó el pago para Kodama, por lo cual debe aclarar su responsabilidad en eso”.
La querella que fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía deberá ser trasladada hasta la fiscalía Centro Norte, donde se encuentra radicada la investigación.
En tanto, el presidente y senador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, entregará antecedentes que posee del caso a la fiscalía Centro Norte, con el fin de colaborar en la investigación.
El parlamentario afirmó que “a pesar de que el Gobierno dice que en el caso no se ha entregado ni un peso del Estado, hay que aclararle a la vocera (Ena von Baer) y al ministro (Rodrigo) Hinzpeter de que el Serviu deberá pagar sí o sí los 34 millones de dólares; ya que se hizo un acuerdo judicial para evitar la fiscalización de la Contraloría; acuerdo judicial que, quiéralo o no el Minvu, está firme y ejecutoriado. La empresa ya pidió la certificación y puede cobrar cuando quiera”.
Asimismo, el legislador expresó su preocupación manifestando que “es probable que estemos ante un juicio simulado, motivo por el cual a la Fiscalía le corresponderá determinar las responsabilidades penales, mientras que a la Contraloría, las administrativas”.
