El próximo 30 de septiembre, a las 9:00 horas, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicará un nuevo informe trimestral de empleo que, según fuentes de La Moneda y del área económica, podría arrojar una cifra aún peor que el 9,5% de desocupación registrado en el trimestre mayo-julio.
La razón, dicen los expertos, es estacional: el trimestre de invierno suele ser el más duro del año para el mercado laboral. Con ese dato a la vista —y sin descartar que el desempleo llegue por primera vez en años a los dos dígitos—, el Gobierno de José Antonio Kast prepara un plan para enfrentar lo que académicos y gremios ya no dudan en llamar una crisis.
El calificativo, en todo caso, no es nuevo. Voces consultadas por EL DÍNAMO concuerdan en que la situación va más allá de los números de este año. David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales; Jaime Ruiz-Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; y Bernardita Silva, Gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), entregan su diagnóstico sobre cómo se llegó a este punto y sus recetas sobre qué hacer para revertirlo.
Una crisis que no empezó este año, ni en este Gobierno
Para Bravo, lo primero es aceptar que el país no está viviendo una emergencia reciente. “Chile está en una emergencia laboral no ahora ni en los últimos meses. En estricto rigor el país tiene 77 meses seguidos en crisis laboral, desde que se inició la pandemia”, sostiene precisando que la recuperación posterior fue solo parcial.
Esa crisis, explica, se refleja en la tasa de ocupación —la proporción de la población en edad de trabajar que efectivamente tiene empleo—, hoy en niveles tan bajos como los de 2010.

El economista compara la posición de Chile con el resto del mundo. Mientras los países de la OCDE recuperaron su tasa de ocupación prepandemia hacia 2022 y América Latina como bloque lo hizo en 2023, “Chile se ha ido quedando cada vez más solo” y hoy es “de los pocos países que no la han recuperado de la OCDE y, además, de los países con mayor tasa de desocupación” de la región.
Esa comparación lo lleva a descartar explicaciones externas. Factores como la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis del petróleo o la inteligencia artificial golpean por igual a los países de la OCDE y de América Latina, plantea, “así que yo iría descartando esos factores como la pandemia o la automatización por la IA” para explicar por qué a Chile le va peor que al resto.

En su lectura, la explicación hay que buscarla adentro: la incertidumbre generada por el estallido social y los procesos constituyentes, los retiros de fondos de pensiones durante la pandemia y, ya en el gobierno anterior, “el no reconocimiento de que nos encontrábamos en una crisis laboral” mientras se implementaban políticas que encarecieron la contratación, partiendo por el alza del salario mínimo.
Ruiz-Tagle matiza ese diagnóstico. A su juicio, no existe una forma de “tomar ese 9,5% y repartirlo diciendo tantos puntos corresponden a costos laborales, tantos a automatización o tantos a la pandemia”, algo que también plantea Silva desde la CNC, para quien esa desagregación “sería metodológicamente incorrecto” porque los factores interactúan entre sí.

Aun así, ambos coinciden en que hay pistas: “Llevamos más de tres años sin bajar del 8% de tasa desempleo, bastante por encima de los niveles prepandemia.
Esa persistencia sugiere un componente estructural importante, no solo cíclico”, señala Ruiz-Tagle, quien agrega una señal que le preocupa especialmente son “los desocupados con educación superior completa aumentaron en 55 mil en un año”, lo que —dice— apunta a una demanda laboral débil, más asociada al bajo crecimiento y la escasa inversión que a un problema de habilidades.
Silva, por su parte, cita evidencia del Banco Central para justificar el peso de los costos laborales: la entidad estimó que un alza real del salario mínimo similar a la observada desde 2023 “genera una caída cercana a 1,5% en el empleo asalariado formal”, y que el conjunto de medidas laborales aprobadas entre 2022 y 2025 “elevaron la tasa de desempleo hasta 0,3 puntos porcentuales respecto de su nivel de largo plazo”.

Eso sí, advierte que esa cifra no puede leerse como que 0,3 puntos del 9,5% actual se expliquen directamente por esas leyes.
La gerenta de estudios de la CNC plantea, además, que ese mismo fenómeno puede estar acelerando la automatización; cuando sube el costo relativo de contratar, invertir en tecnología se vuelve relativamente más atractivo.
¿Vienen los dos dígitos?
Sobre el escenario que se abre con el informe del 30 de septiembre, las tres fuentes son cautas pero coinciden en la dirección: es difícil que el deterioro se revierta en el corto plazo.
“En el corto plazo veo difícil que se revierta este aumento de la desocupación, porque el empleo reacciona con rezago al crecimiento, y para ello primero debe haber crecimiento, el cual además no está garantizado”, plantea Ruiz-Tagle, quien recuerda que los meses de invierno suelen ser los de mayor desempleo, por lo que “es posible llegar a los dígitos de desempleo”.
Lo que más le inquieta, dice Ruiz-Tagle, es la persistencia: que crezca el desempleo de larga duración, que aumente la informalidad y que mujeres y jóvenes salgan de la fuerza de trabajo desalentados. Ya hay señales en esa línea: “el desempleo femenino llegó a 10,5% y el juvenil a 22,8%”, dice el académico FEN.
Silva entrega el mismo diagnóstico apuntando a otros números. En doce meses la fuerza de trabajo creció 0,7%, mientras que el número de ocupados cayó 0,2%; los desocupados aumentaron 10,4%, y la destrucción de empleo reciente se concentra en el segmento formal.
Sobre la posibilidad de que la cifra llegue a los dos dígitos, es prudente. “Es un riesgo que no se puede descartar estando en 9,5%, pero yo evitaría decir que es el escenario más probable o que necesariamente ocurrirá”, dice.
El peor de los escenarios, plantea, sería mantener varios trimestres de crecimiento muy bajo, poca creación de empleo formal y personas desplazándose hacia la informalidad o saliendo de la fuerza laboral, porque mientras más se prolongue esa situación, más difícil es revertirla.
Sala cuna, indemnización y flexibilidad: las medidas en la mesa
De cara al plan que prepara el Ejecutivo, Bravo —quien encabeza la Mesa de Reactivación Laboral— plantea que hay que combinar medidas de emergencia con reformas estructurales orientadas a jóvenes, mujeres y empresas de menor tamaño como por ejemplo reformas a la sala cuna, ampliación de jardines infantiles y cuidado extraescolar —el programa “de 4 a 7”— y cambios en la regulación laboral para dar mayor flexibilidad frente al alza de los costos laborales.
Ruiz-Tagle coincide en que ninguna de esas medidas, por separado o en conjunto, tendrá efecto en el desempleo en el corto plazo, aunque sí pueden mejorar los incentivos a contratar.
Sobre la sala cuna universal es categórico: “Elimina un desincentivo a contratar mujeres, que hoy recae en la empresa”, aunque su efecto depende de cómo se financie, porque implica inevitablemente mayores costos para la sociedad por un problema que hoy pagan las familias.
Sobre la flexibilidad horaria advierte que puede ayudar a la participación de mujeres, cuidadores y adultos mayores, pero también conlleva riesgo de precarización si las jornadas son demasiado cortas para resultar atractivas. Su conclusión es la misma en ambos frentes: “sin crecimiento e inversión, ninguna de estas medidas podrá disminuir la tasa de desempleo por sí sola”, asevera.
Silva profundiza en el mismo punto desde la mirada gremial. Sobre la sala cuna, añade que el problema surge cuando el costo queda asociado directamente a la contratación de un grupo específico de trabajadores, lo que genera un desincentivo; un sistema que amplíe el acceso y distribuya ese costo de otra forma podría reducir la distorsión.
En flexibilidad horaria, cita el estudio de la CNC sobre la implementación de las 42 horas que menciona que las empresas reportan dificultades asociadas a costos y continuidad operacional, y “casi seis de cada diez empresas aún no tenían un plan concreto para enfrentar la siguiente reducción de jornada”.
Sobre bajar el costo de contratar mediante subsidios, dice que puede ayudar en el margen, especialmente en empleos de baja productividad, pero la evidencia muestra efectos moderados. “Una empresa no contrata únicamente porque contratar sea más barato, también necesita ventas, inversión, confianza y expectativas de crecimiento”, resume.
Lo que falta en la discusión
Los tres economistas coinciden en que el debate público se ha quedado corto en varios frentes. Bravo pone el foco en la inversión: destrabar la inversión pública y privada, con el Estado liderando desde las obras públicas, y modernizar el sistema de permisos para que los proyectos trabajen con las comunidades y las instituciones ambientales antes de judicializarse. El déficit de vivienda, plantea, es una oportunidad de inversión con alto retorno social.
Ruiz-Tagle apunta a la calidad de las políticas activas de empleo. “Hoy se gastan 300 millones de dólares al año en la franquicia Sence, la cual no ha sido bien evaluada”, dice, y pide revisarla en profundidad.
Suma a la lista el cuidado de adultos mayores y personas dependientes —un problema que, advierte, crecerá con el envejecimiento de la población— y la necesidad de mirar más allá de la tasa de desempleo para incorporar la subutilización de capacidades, la informalidad y la duración del desempleo, incluyendo a los migrantes.
Silva, en tanto, insiste en que falta mirar qué tipo de empleo se está creando —o dejando de crear—, más allá de la tasa agregada, y en incorporar con más fuerza la relación entre empleo, productividad y tecnología.
Según el Barómetro CNC de Adaptación Tecnológica, acota siLVA, “cerca de seis de cada diez empresas realizaron algún avance tecnológico durante el último período y casi un 40% ya utiliza inteligencia artificial”.
Sobre este punto, acota que existe brecha marcada por tamaño: el uso de IA llega a cerca de 80% entre las grandes empresas y baja a poco más de 30% entre las micro.