“En el contexto de una conversación informal, la Sra. alcaldesa consultó al suscrito la posibilidad de utilizar los salones de la Sede Consistorial para efectos de realizar una reunión familiar privada (matrimonio civil), a lo cual respondí que ello no era posible”. Esas fueron las palabras de Guillermo Risopatrón, contralor municipal, para desmentir las declaraciones de Josefa Errázuriz sobre la autorización para el uso del Palacio Falabella por parte de uno de sus sobrinos.
Ante esto, los concejales Manuel José Monckeberg (RN) y Rodrigo García Márquez (Ind), enviaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para que analice el hecho y determinar posibles sanciones en el caso de que correspondan, tal como adelantó el primero a El Dínamo la semana pasada.
“La alcaldesa no sólo utilizó el palacio Falabella para un evento privado, sino que además faltó a la verdad diciéndonos que la Contraloría interna sí había autorizado su uso. Ahora nos enteramos que esa autorización no existió, pero que sin embargo ella igual lo usó”, recalcó Monckeberg.
Para el edil, “estos hechos ameritan una investigación y sanción, más una aclaración que nos permita entender por qué la alcaldesa hizo el evento sin el debido permiso, por qué no lo informó y por qué ahora falto a la verdad“.
Rodrigo García Márquez, por su parte, explicó que el requerimiento es para que el contralor “determine, a la luz del derecho vigente, si lo ocurrente está dentro de los márgenes normales o ilegales, como creemos que así ocurrió”.
