Las observaciones de Contraloría a la inmobiliaria popular de Jadue
El organismo fiscalizador entregó un informe por la auditoría a uno de los proyectos emblemáticos del alcalde de Recoleta y candidato presidencial del PC.
Por Sebastián Dote
La iniciativa es uno de los emblemas de la gestión del alcalde. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Contraloría General de la República entregó un informe sobre la auditoría a la que sometió el proyecto de “inmobiliaria popular”, uno de los emblemas de la gestión del alcalde de Recoleta y candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, detectando algunas observaciones en la puesta en marcha de la iniciativa.
En un documento, que está disponible en el sitio web del organismo fiscalizador con fecha del 10 de junio, se detalló que el objetivo de la auditoría al proyecto “Justicia Social 1” era verificar el cumplimiento técnico establecido en el reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), además de validar que la licitación y ejecución de las obras se haya ceñido a las disposiciones que regulan la materia.
Adicionalmente, la entidad encabezada por Jorge Bermúdez buscó “comprobar que la selección de los beneficiarios y la administración de los inmuebles por parte de la Municipalidad de Recoleta se ajuste a la normativa atingente”, verificando además que “los montos desembolsados en el marco del contrato de construcción, estén correctamente registrados y contabilizados por la entidad correspondiente”.
Entre sus conclusiones, el informe de Contraloría señaló que el municipio inició la construcción del proyecto de la “inmobiliaria popular” sin contar con el Certificado de Calificación Definitiva, el cual fue entregado un mes después por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu Metropolitano).
En la investigación administrativa consignó que el contrato de obra revisado fue recepcionado provisionalmente con observaciones por el municipio, el 11 de mayo de 2020, “sin que a la fecha de su respuesta al preinforme -16 de marzo de 2021-, y pese a que la empresa contaba con un plazo de 10 días corridos para corregir los defectos advertidos”.
Otro punto en las observaciones señaló que bajo el mismo contrato, suscrito bajo la modalidad de suma alzada, el municipio de Recoleta “cambió los precios y cantidades del itemizado que formó parte de la propuesta pública del contrato, aumentando partidas referidas a la estructura de hormigón de la obra gruesa, y disminuyendo las relativas a la habilitación”.
En cuanto a la asignación de los departamentos a los beneficiarios, Contraloría señaló que siete de los seleccionados por Recoleta no contaban con el subsidio de arriendo de parte de Minvu ni la autorización del ministerio que los habilite para ser incorporados al proyecto. También se informó de diferencias con la información con la del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social.
El reporte de la entidad afirmó además que el municipio acordó como renta de arrendamiento de 28 departamentos -de un total de 37-, (el 75,7%), un monto menor a las 3.5 UF establecidas en la normativa que rige el programa habitacional y el Plan de Administración del inmueble, lo que no pasó por la autorización del Serviu.
Desde el municipio señalaron a La Tercera que “las observaciones formuladas por la Contraloría fueron respondidas por el municipio en completo informe que respalda cada una de las actuaciones en este proyecto. Sin perjuicio de ello el órgano contralor ha dispuesto que algunas de ellas deben ser resueltas a través de investigaciones internas conforme a la normativa municipal”.
El equipo colaborador del alcalde Jadue descartó además una modificación de precio de la oferta pública, planteando que “estos ajustes fueron resueltos por las partes en una modificación de contrato, lo que fue ratificado por el Serviu”.
