UNICEF y ACNUDH pidieron al Gobierno implementar un plan de migración que garantice derechos
Las organizaciones internacionales reiteraron su rechazo ante los hechos ocurridos en Iquique, mostrando su preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes.
Por Sebastián Dote
Los migrantes venezolanos fueron desalojados de la Plaza Brasil de Iquique. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidieron al Gobierno de Chile implementar un plan de migración que garantice los derechos de las personas.
En una declaración, los organismos internacionales recordaron que “el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin distinción alguna de nacionalidad o estatus migratorio, lo que incluye prestar asistencia humanitaria”.
Las agencias reiteraron su rechazo a los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la ciudad de Iquique, cuando una turba quemó las pertenencias de venezolanos que se encontraban viviendo en la calle tras ser desalojados desde la Plaza Brasil.
Tanto UNICEF como ACNUDH expresaron su preocupación con la situación que han vivido los niños, niñas y adolescentes, quienes fueron víctimas de los actos violentos de parte de grupos contarios a la migración. También instaron al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para que se investiguen y sancionen los hechos de violencia, junto con incorporar medidas para reparar y otorgar protección a las víctimas.
Por los desalojos, las agencias señalaron que se deben realizar “evitando que las personas queden sin albergue o expuestas a violaciones de otros derechos humanos, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes”.
“En este sentido, UNICEF y ACNUDH instaron al Estado a realizar un catastro de todas las familias migrantes -particularmente aquellas con niños, niñas y adolescentes- y a que se informe el desalojo con la antelación adecuada, se asegure que las familias tengan una alternativa de alojamiento de forma previa a su realización y se evite el uso de la fuerza”, agregaron.
En cuanto al plan de migración, las entidades señalaron que “debe garantizar el respeto de los derechos de las personas que ingresan al país en situación migratoria, lo que significa asegurarles acceso a un lugar de acogida; pero también debe resguardar los derechos de las personas que viven en el país y que se ven afectadas por la llegada de personas en dicha situación, recordando que es responsabilidad del Estado velar por la convivencia pacífica y respetuosa de las personas que viven en el país, entregando las herramientas necesarias para ello”.
