Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, cuestionó la postura de la Contraloría General de la República de declarar inconstitucional el decreto presidencial que otorgaba a las Fuerzas Armadas el permiso para realizar labores de prevención y control de orden público en la Macrozona Sur, tras el término del estado de excepción.
Según precisó el órgano contralor, “de acuerdo a la Constitución, labores de prevención y control del orden público están a cargo exclusivamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, no es posible autorizar mediante un decreto una decisión de esta naturaleza”.
Frente a esta decisión, Galli puntualizó a Emol que, tras el fin del estado de excepción, “lo lógico era que todas las capacidades del Estado, pero particularmente las de las Fuerzas Armadas pudieran colaborar, apoyar en logística, en transporte, en tecnología pero también en vigilancia a las Fuerzas de Orden y Seguridad en la Macrozona sur. Ese era el objetivo de este decreto que enviamos a la Contraloría”.
El funcionario de Gobierno aseguró que “no entendemos la objeción del contralor”, puesto que el decreto presidencial “establece claramente que es un rol de colaboración, de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad muy limitado, en logística, transporte, tecnología y vigilancia, y únicamente en rol de apoyo, nunca involucrándose en operativos policiales y en control del orden público”.
El subsecretario del Interior expresó que la labor que se buscaba realizar era la misma que las Fuerzas Armadas cumplen en la Macrozona Norte para enfrentar el narcotráfico.
Es por ello que “estamos evaluando todas las vías para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos, de la seguridad de los ciudadanos, y poner a disposición todas las capacidades del Estado en colaboración para darle seguridad a los ciudadanos, particularmente a los ciudadanos que están en la Macrozona Sur”.
