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Ricardo Martínez e investigación por fraude: “Mi patrimonio es legítimo”

El ex comandante en jefe del Ejército había llegado a declarar ante la ministra Romy Rutherford, pero finalmente ejerció su derecho a guardar silencio.

El ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, llegó durante este viernes a las oficinas de la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, para declarar por la investigación de fraude al interior de la institución.

El ex militar, que dejó el cargo antes de la ceremonia de cambio de mando con el actual jefe castrense, Javier Iturriaga, entregó algunas declaraciones a la prensa antes de entrar al despacho de la magistrada.

“Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”, expresó.

Además, Martínez señaló que “se ha hablado sobre mi, mi patrimonio es legítimo y les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”.

Derecho a guardar silencio

A pesar de presentarse ante la jueza, el general Martínez (r) finalmente recurrió a su derecho a guardar silencio. La situación fue explicada por su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, comentó que esto se hará en espera a la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del interrogatorio.

El representante del ex comandante en jefe agregó además que en caso de que el TC falle en su contra “es muy probable que acudamos a tribunales internacionales”.

El respaldo de la Suprema

La ministra Rutherford había logrado la autorización al interrogatorio en su oficina luego que la Corte Suprema revocara una decisión de la Corte Marcial, que había acogido un recurso de amparo de Ricardo Martínez para prestar declaración en su domicilio y en compañía de su abogado.

El máximo tribunal precisó que “los hechos denunciados con ocasión de amparo intentada en autos en modo alguno privan, perturban o amenazan la libertad personal o la seguridad individual del amparado, en los términos del artículo 21 de la Carta Fundamental, toda vez que por dicho arbitrio, se persiguen ciertas pretensiones procesales adjetivas, ajenas a la naturaleza de la presente acción”.

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