Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos, anunció el ingreso de un proyecto de ley de expulsiones judiciales, con el cual se revierte la prohibición de expulsar del país a las personas extranjeras condenadas por infracción a la ley de drogas.
Quienes calificarían para las nuevas condiciones propuestas, no pueden tener a su haber condenas por ley de drogas superiores a los cinco años y un día. De esta manera, la persona a la que se le aplique la expulsión judicial no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años; y en caso de que lo haga, deberá cumplir el saldo de pena privativa de libertad.
“Hemos ingresado un proyecto de ley que venimos trabajando desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a delegados presidenciales, parlamentarios, en particular de la zona norte del país para hacernos cargo de este tema”, señaló la ministra Marcela Ríos.
La secretaria de Estado agregó que “nosotros queremos tener esta discusión con altura de miras, buscando resguardar la seguridad de las comunidades receptoras, y también alivianar la carga que significa la cantidad de estas personas condenadas en los recintos penitenciarios del país”.
Con esta iniciativa se busca, además, descongestionar los recintos penitenciarios del país con foco en la seguridad tanto de los internos como del personal de Gendarmería.
Según el Ministerio de Justicia, la población migrante recluida se ha incrementado y se concentra en el norte del país. De acuerdo con Gendarmería, ha crecido desde un 3,7% en el año 2013 a un 10,3% a abril del presente año (4.298 personas extranjeras).
Asimismo, del total de personas extranjeras recluidas en centros penitenciarios, el 86% se encuentra recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Metropolitana, siendo el Centro Penitenciario de Alto Hospicio el recinto que alberga a la mayor cantidad de personas extranjeras.
