El debate por la Ley de Presupuesto 2023 se desarrolló por muchas horas en el Cámara de Diputadas y Diputados. Incluso de madrugada, los parlamentarios analizaron la propuesta del Gobierno y enviaron el proyecto al Senado con algunas modificaciones y el rechazo a los gastos, entre otros, que propuso el Ministerio del Interior en temas de seguridad.
Así las cosas, una de las indicaciones que tomó fuerza durante la mañana de este jueves fue la que propone crear un fondo para el pago de pensiones de gracia a la víctimas de los atentados en la Macrozona Sur, que comprende la Provincia de Arauco en el Biobío y las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La iniciativa, que nace en la Unión Demócrata Independiente (UDI) como un símil al pago de pensiones de gracia para las víctimas del estallido social 2019, fue incluida en la partida del Tesoro Público.
Actualmente son 367 personas las que reciben este beneficio luego de sufrir violaciones a los derechos humanos durante el periodo que duró la revuelta, de las cuales 137 lamentaron lesiones gravísimas como traumas oculares irreversibles (que reciben poco más de 516 mil pesos).
Bajo este parámetro, en la UDI pudieron concretar esta moción para que la Cámara Alta la evalúe. “Era de toda justicia que, habiendo un fondo para las supuestas víctimas del estallido social, exista uno también para quienes realmente han sufrido la consecuencia de los actos terroristas en la zona, quienes han perdido sus terrenos y propiedades, han sido desplazados de sus lugares de residencia e, incluso, le han asesinado a algún familiar”, es la declaración que comparten Flor Weisse y Henry Leal.
“Decidimos presentar esta indicación porque no podemos seguir dilatando una respuesta por parte del Estado a las miles de víctimas de la violencia rural. En la Macrozona Sur hay personas que le han quemado sus hogares, sus propiedades o han visto gravemente amenazada su integridad física”, agregaron.
El llamado al Gobierno
Leal y Weisse enviaron un mensaje a La Moneda para que no se opongan a esta idea. En el Gobierno evalúan acudir al Tribunal Constitucional para evitar el rechazo al presupuesto 2023 en seguridad y es por eso que ambos parlamentarios piden que no se bloquee esta moción que podría ir en beneficio de quienes han sufrido los ataques en esta zona del país.
“Si quieren parecer creíbles y demostrar con hechos que los anuncios que realizó el presidente Boric en su visita a La Araucanía sí se van a concretar, aquí tienen una oportunidad. Esta indicación se presentó en los mismos términos que la que entrega pensiones de gracia a las supuestas víctimas del estallido. La diferencia es que en la Macrozona Sur sí existe certeza de que hay afectados reales del terrorismo, mientras que en el otro caso no hay ningún antecedente que demuestre que los beneficiarios no participaron en actos violentos o desórdenes públicos”, cuestionaron.
