Dos casos policiales emblemáticos de la Región del Biobío tiene en jaque la continuidad de la fiscal regional Marcela Cartagena.
La última resolución de la Corte Suprema acogió la tramitación del recurso de remoción que presentaron parlamentarios para concretar un viraje en las investigaciones que no han tenido éxito en las causas del pequeño Tomás Bravo y Sergio Mardoff cuyos restos estuvieron tres años en el Servicio Médico Legal (SML) tras desaparecer en 2005.
En un fallo dividido, el máximo tribunal del país consideró que la solicitud cumplía con los requisitos formales para analizar la posible salida de la persecutora del Biobío.
“Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Política de la República y por estimarse que concurren en la especie las exigencias que prevé el artículo 53 inciso 2° de la Ley 19.640, se admite a tramitación la solicitud de remoción″, consigna la resolución. “Consecuentemente, pasen los autos al señor presidente de esta Corte Suprema para los fines a que haya lugar”, agrega.
En primera instancia, este recurso había sido rechazado, sin embargo, se abre un nuevo expediente en contra de Cartagena por estos dos casos que marcaron la agenda nacional al no tener responsables de los delitos. “Falta de prolijidad” y “visibles errores” son dos de los conceptos de los que se acusa a la abogada frente a dos causas abiertas.
