El Ministerio Público emitió un comunicado respecto de la decisión que tomó el juez Daniel Urrutia y que permitió que cuatro reos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) pudieran realizar videollamadas con terceras personas.
En su declaración, indicaron que tras conocerse lo ocurrido, han estado “en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho” y que están “esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia”.
“Esos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”, agregaron en la escueta declaración difundida a través de redes sociales.
Qué dijo el Gobierno
Además del Ministerio Público, desde el Gobierno también reaccionaron a los beneficios que otorgó el juez Daniel Urrutia.
El subsecretario Manuel Monsalve aseguró que “estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”.
Además, recalcó que reos de alta peligrosidad “tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”.
“A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno va a utilizar toda la herramienta necesaria para evitar que esto vuelva a ocurrir”, indicó.
