El Servicio Médico Legal (SML) abrió un sumario administrativo en contra de Jacqueline van Rysselberghe, luego que la ex presidente de la UDI realizara un informe siquiátrico a un condenado por violaciones a los derechos humanos en dictadura.
La otrora senadora es cuestionada por decretar la enajenación mental de José Jacinto Otárola Sanhueza, condenado por el llamado caso Rosendo-Laja, en la Región del Biobío.
De esta manera, gracias al informe favorable de Van Rysselbeghe, el criminal de lesa humanidad, de 82 años, podría dejar la cárcel El Manzano y cumplir lo que resta de su condena de 15 años en su casa.
Frente a las críticas por la labor de Jacqueline van Rysselberghe, el SML aclaró que “fue contratada con el fin de realizar solamente peritajes considerados como brechas de entre 2018 y 2022 para casos criminales”.
En esta línea, el organismo dejó en claro que los peritajes vinculados a violaciones de derechos humanos en dictadura “no corresponden a dicho Plan de Brechas”.
Ante esta situación, el SML instruyó un sumario administrativo para esclarecer las razones por las cuales se le asignó este caso a Van Rysselberghe y “determinar las posibles responsabilidades en esta situación”.
“Además, a contar de esta fecha la Dirección del Servicio ha determinado que todas las causas de violaciones a los Derechos Humanos, y los peritajes solicitados, sean coordinados desde el nivel central de la institución, a través de la Subdirección Médica”, sentenció.
