Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, entregó al ministro de Justicia, Luis Cordero, la propuesta del máximo tribunal para reformar el sistema de nombramiento de jueces.
Cordero destacó la iniciativa del Poder Judicial, recalcando que este tipo de medidas permitirán mejorar el actual sistema de nombramientos de jueces y juezas del país, así como de notarios y conservadores.
En sus puntos principales, el texto señala que el pleno de la Corte Suprema pide modificar el sistema de nombramientos, “pero manteniendo la participación de los tres Poderes del Estado en la designación de los cargos de ministros y fiscal de la Corte Suprema, y excluyendo, a la brevedad posible, cualquier injerencia del sistema judicial en el proceso de designación de notarios, conservadores y archiveros”.
Puntos relevantes de la propuesta
El documento establece siete bases para la modificación del sistema de nombramientos de jueces, donde destacan:
- Creación de un órgano autónomo a cargo de las funciones no jurisdiccionales: La forma de lograr la separación de estas funciones ha de ser la creación de uno o más órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que debiera estar dotado de autonomía constitucional.
- Desconcentración funcional y territorial del gobierno judicial: Se deben alojar las diversas funciones de gobierno en más de un órgano, a fin de evitar una concentración de atribuciones.
- En concreto, se propone la creación de tres Consejos o Unidades macrozonales (zona norte, centro y sur del país) que tendrían a su cargo las respectivas funciones de nombramientos en los correspondientes territorios, que ejercerán sus atribuciones de manera coordinada entre ellos y con el Consejo o instancia Nacional.
- Nombramientos: En cuanto al nombramiento de los ministros y ministras y fiscal judicial de la Corte Suprema, por mayoría, se estima que resulta adecuado mantener la participación de los tres Poderes del Estado.
- Respecto de notarios, conservadores y archiveros, ya se ha expresado la convicción por suprimirlos de la órbita de la administración de justicia, debiendo, por tanto, excluirse cualquier participación del órgano de gobierno judicial, respecto de dichos funcionarios.
