Un año y medio después de que el Comité de Ministros rechazara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero Dominga, esta semana el Primer Tribunal Ambiental anuló dicha medida, a través de la cual se le había negado el permiso para el desarrollo de la iniciativa.
En su dictamen, el tribunal estimó que la resolución de los ministros fue ilegal, entre otras razones, porque hubo falta de “imparcialidad” de parte de algunas de las autoridades.
A la vez, en su fallo el Tribunal Ambiental puntualizó que el Comité de Ministros tiene un plazo de dos semanas para volver a reunirse, pero esta vez con miembros que “no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa“.
Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseveró que aunque el Ejecutivo respeta lo decidido por el tribunal antofagastino, aún puede recurrir a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el tema.
La resolución del Primer Tribunal Ambiental le otorgó la razón a Andes Iron, empresa propietaria de Dominga, que pretende poner en marcha el proyecto por 2.500 millones de dólares para construir dos minas a tajo abierto de hierro y cobre, además de una planta desalinizadora y un megapuerto en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
Qué implica la resolución del Tribunal Ambiental
No obstante, de acuerdo con lo precisado por Greenpeace Chile, la resolución del tribunal nortino no implica la aprobación del proyecto Dominga, “sino que anula la decisión del Comité de Ministros que lo rechazó en 2023, ordenando emitir una nueva resolución. Esto significa que aún quedan instancias administrativas y judiciales pendientes para la definición de la operación del proyecto”.
Por su parte, la empresa Andes Iron solicitó al Ejecutivo que acoja lo resuelto por el Tribunal Ambiental y no acuda al máximo tribunal del país, a la vez que planteó que “tras casi 12 años de tramitaciones que han demostrado que el proyecto Dominga cumple cabalmente desde un punto de vista técnico, ambiental y jurídico, como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor plazo posible”.
“Asimismo, reiteramos nuestra disposición al diálogo con las autoridades y la comunidad, en beneficio del desarrollo sostenible de la actividad y de la Región de Coquimbo”, añadió la compañía propiedad de Carlos Délano
