Este miércoles comenzó el juicio oral contra el ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a quien se le imputan delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho pasivo.
Por los presuntos ilícitos que se habrían cometido entre 2016 y 2017, la Fiscalía pide una pena de 10 años de cárcel y que el ex jefe comunal pague en multas lo equivalente a lo que obtuvo de manera ilegal, que serían cerca de 283 millones de pesos.
En la audiencia, el Ministerio Público apuntó a diversas irregularidades, que tendrían que ver con depósitos a las cuentas del alcalde de San Ramón, provenientes de las empresas adjudicatarias, días después de las licitaciones.
Los detalles del primer día de juicio contra Miguel Ángel Aguilera
Bajo este contexto, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez, expuso que “este juicio versa sobre delitos cometidos de manera sucesiva, continuada y reiterada en el tiempo, donde los que se cometen a continuación de los anteriores interrumpen sucesivamente la prescripción que va corriendo”.
A lo que añadió: “Al más puro estilo de la criminalidad más corrupta que impide toda trazabilidad, determinación de origen o causa de estos ingresos (…) Este flujo constante de dinero, bajo esta modalidad, contrastados con el análisis patrimonial del imputado y su remuneración, no permite justificar de forma alguna estos ingresos“.
Por su parte, la abogada defensora, Rocío Berríos, sostuvo que “no hay pruebas” y que los hechos por los que se acusa a Miguel Ángel Aguilera son “sumamente antiguos y que fueron formalizados más de cinco años después de su ocurrencia, en 2021”.
Por lo anterior, la jurista expresó que “vamos a solicitar la absolución, porque no solamente vamos a alegar la prescripción, también tenemos prueba de la defensa y, además, la prueba de cargos es sumamente débil y poco creíble”.
“La prueba de la defensa, si bien es mucho menor en cantidad, es mucho mejor en calidad. Acredita que los depósitos que recibió el alcalde Aguilera de parte del dueño de una empresa adjudicataria tuvieron razones distintas de las que señalan en la acusación: no tuvieron ninguna relación con licitaciones, sino que se trató del financiamiento de actividades de carácter político del PS”, cerró la defensora del ex alcalde de San Ramón.
