El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el diputado Joaquín Lavín Jr. por malversación de recursos públicos, en el marco de la investigación de la Fiscalía Oriente en contra del parlamentario por financiamiento ilegal de campaña, fraude al fisco y lavado de activos, entre otros delitos.
En la acción judicial, dada a conocer por La Tercera, el CDE dio cuenta del mecanismo usado por el hijo del ex alcalde Lavín para saldar sus deudas de campaña con facturas ideológicamente falsas pagadas por el Congreso.
“Los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”, consignó el organismo.
En esta línea, el CDE puntualizó que Joaquín Lavín Jr. y su ex asesor Arnaldo Domínguez realizaron una serie de rendiciones de gastos a la Cámara de Diputados “con el objeto de financiar ilícitamente campañas electorales, mediante la sustracción de recursos públicos del Congreso Nacional”, a través de “una serie de conductas que les permitieron desviar y obtener recursos directamente del Congreso”.
Dado que el legislador ex UDI utilizó facturas falsas, el Consejo de Defensa instó al Servicio de Impuestos Internos a querellarse en su contra, esta vez por delitos tributarios.
“Se rindieron facturas ideológicamente falsas orientadas a fines personales del diputado Joaquín Lavín mediante la sustracción o desvío de fondos estatales -que estaban puestos a su disposición por razón de su cargo-, por servicios presuntamente prestados por la imprenta MMG SpA, de propiedad del querellado Juan Silva Morales, y la empresa Modo 74 SpA, de propiedad del querellado Felipe Vásquez Diéguez”, precisa la querella.
El CDE detalló que “el modus operandi para obtener los recursos consistía rendir estos gastos ante el Congreso. Por ejemplo, el año 2021 emitió a Lavín por servicios de campaña una factura por $8.802.430, documento mediante el cual pagó parte de la deuda que mantenía por los trabajos anteriores de publicidad encomendados a su empresa, y tuvo además que emitir facturas adicionales en 2022 para cubrir el monto restante de esta, aproximadamente cinco millones”.
Para ocultar sus acciones, “triangularon con las empresas involucradas mediante el uso de documentos falsos, a fin, ya sea de disimular gastos de campañas electorales aparentando servicios de impresión inexistentes, ya sea derechamente de sustraer recursos del Congreso Nacional aparentando servicios informáticos inexistentes, y, de este modo, obtener el reembolso de estos sin corresponder al ejercicio de funciones propias del cargo de diputado”.
“(Las) conductas que eran de pleno conocimiento del parlamentario, quien instruyó y consintió en la malversación de fondos correspondientes a asignaciones justificables solo en razón de sus funciones como diputado. Dichos gastos tenían como fin, derechamente, proveerse de recursos mediante el pago de servicios inexistentes para pagar deudas por campañas políticas o para derechamente apropiarse de tales recursos”, dejó en claro el Consejo de Defensa del Estado.
