Este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un informe que detalla irregularidades por un total superior a los $1,5 billones en distintos organismos del Estado entre abril de 2024 y marzo de 2025.
El documento de más de 200 páginas, entregado a la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 19 de junio, se basa en 792 acciones de fiscalización realizadas durante ese período, entre las que se incluyen auditorías, inspecciones, investigaciones especiales y exámenes de cuenta.
De tal forma, el informe de irregularidades constituye, según la propia Contraloría, “una manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de las leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos“, y que puede configurar una “infracción, irregularidad o deficiencia“.
El ente contralor abordó exclusivamente aquellas situaciones clasificadas como “complejas” o “altamente complejas”, las que, de acuerdo al informe, se clasifican por su “magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, gravedad de las debilidades de control interno, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros criterios”.
El monto total de irregularidades observado por la Contraloría asciende a $1.505.707.732.640 y se desglosa de la siguiente forma:
- Incumplimiento a normas contables y/o presupuestarias: $359.138 millones.
- Falencias asociadas al cumplimiento de contratos: $328.524 millones.
- Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas: $316.576 millones.
- Deficiencias asociadas al manejo de fondos: $252.291 millones.
- Incumplimientos asociados a ingresos: $81.540 millones.
- Deficiencias en el proceso de adquisiciones: $80.576 millones.
- Gastos improcedentes o sin respaldo: $57.023 millones.
- Otros resultados transversales: $30.041 millones.
El foco en los gobiernos regionales
En total se realizaron 74 fiscalizaciones. y 1.611 observaciones, los cuales fueron agrupados por sector. Uno de los focos críticos de ello recae sobre los gobiernos regionales (Gore), los cuales concentraron 34 auditorías e investigaciones siendo responsables de $303.056 millones en irregularidades.
Las regiones con mayores objeciones fueron Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén.
En Arica y Parinacota, se cuestionaron montos pendientes de rendición y montos aprobados sin verificar asistencia de consejeros regionales y rendiciones sin respaldo.
Para el caso de Antofagasta, se detectaron irregularidades en supervisiones inexistentes en al menos ocho proyectos y atrasos en el cumplimiento de la carta Gantt, además de la falta de antecedentes en la ejecución de actividades para proyecto de recuperación de fachadas.
Tarapacá destacó por el rechazo de más de $64 millones en gastos no reintegrados por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Asimismo, como no aplicó multas a la empresa que se adjudicó el proyecto por retraso ni acreditó la experiencia técnica y económica de la misma.
En la región de Coquimbo, se identificó un error en la facturación de IVA y viajes internacionales en 2022, acreditado por $12.751.519, que no fueron debidamente justificados durante la gestión de Krist Naranjo.
Para el Maule, no se recuperaron fondos de licencias médicas y se omitió la gestión de cobros a Isapres en varios años. Tampoco devengó ni percibió la recuperación de fondos financieros del permiso postnatal parental de una funcionaria.
En el Biobío se objetaron rendiciones por más de $254 millones pendientes de revisión y una transferencia por $180 millones sin exigir garantías contractuales. Asimismo, el Gore aprobó gastos rendidos por la Corporación Cultural Artistas del Acero por $324.518.961, los cuales carecen de información adicional para verificar la adquisición de bienes o la correcta ejecución de servicios.
Acerca del caso de Los Lagos, se cuestionaron tres convenios por más de $1.900 millones sin control legal previo. Además se documentaron contablemente 29 convenios de transferencias por $20.239 millones que estaban en tramitación para control de legalidad.
Los Ríos, se hallaron 1.704 rendiciones archivadas —por más de $5.866 millones— sin revisión, aprobadas entre 2015 y 2020, junto con la no realización de acciones o gestiones de cobro suficientes para regularizar montos pendientes. Dicha cifra asciende a más de $37.146 millones.
Sobre Aysén, se detectó la aprobación de 150 iniciativas por $67.200 millones, de las cuales 91 —equivalentes a $42.710 millones— no habían iniciado su ejecución hasta noviembre de 2024. De tal manera, se identificaron saldos pendientes de rendición o reintegro por $41.980 millones.
