El Ministerio de Justicia pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar las acciones necesarias para disolver definitivamente la Fundación ProCultura, a la vez que apuntó a un enriquecimiento ilícito de su fundador, Alberto Larraín.
La solicitud la planteó la Secretaría de Estado que encabeza el ministro Jaime Gajardo, a través del Departamento de Personas Jurídicas de la Subsecretaría de Justicia, tras confirmar que luego de una amplia indagatoria se determinó que la ONG desvió fondos para el pago de remuneraciones y honorarios en vez de la ejecución de programas y proyectos.
De acuerdo con lo informado por la cartera en una declaración, durante su análisis administrativo de la Fundación ProCultura la cartera no recibió respuesta íntegra a sus requerimientos, y sus funcionarios no fueron atendidos cuando visitaron los domicilios que había registrado la ONG.
Los antecedentes de que ProCultura desvió fondos públicos y el enriquecimiento ilícito de Alberto Larraín
Respecto del punto en el que el reporte del Ministerio de Justicia apunta al desvío de fondos públicos, se establece que entre 2018 y 2022 el 70,35% de los gastos promedio de ProCultura se destinaban a remuneraciones y honorarios, en tanto que apenas el 29,65% se destinaba al cumplimiento de sus proyectos.
En esa línea, puso como ejemplo que en 2022 los gastos vinculados a programas sumaban 641.561.349 pesos, mientras que aquellos destinados a salarios alcanzaron los 1.980.841.722 de pesos.
Lo anterior, a raíz de alzas periódicas y sin justificación en las remuneraciones de los principales ejecutivos, comenzando por Alberto Larraín, cuya renta pasó de $29.700.000 en 2018 a $94.445.764 en 2022, con lo que en cinco años su patrimonio aumentó en $267.779.612.
Por su parte, la cofundadora de la ONG, Ilonka Csillag, obtuvo un monto de $149.661.333 entre 2017 y 2022 en concepto de remuneraciones, a pesar de que estuvo fuera de ProCultura durante un periodo.
Casos similares se detectaron con la ex representante legal de la fundación, María Constanza Gómez, cuyo ingreso aumentó cinco veces entre 2017 y 2022. A ella se suman el director de proyectos, José Gatica, y la directora de Estudios, María Teresa Abusleme, entre otros ejecutivos.
“Analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este Ministerio que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respecto de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta“, concluye el escrito que envió al CDE el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, al solicitar la disolución de ProCultura.
