Este martes 22 de julio en las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado se entregaron nuevos antecedentes del caso de Alberto Mejía, el sicario vinculado al Tren de Aragua que fue liberado por error, cuya instancia contó con la participación del fiscal nacional, Ángel Valencia; el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el titular de Seguridad, Luis Cordero y el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez.
Bajo este contexto, Valencia comenzó abordando los problemas de identificación del sicario, considerando que se encontraba en situación irregular en Chile y manifestó que “el sistema funcionó, el problema es que está en libertad“.
Este sentido, el persecutor señaló que “el problema que tenemos con el incidente de la identificación, les va a sonar raro, pero, es que el sistema funcionó. O sea, un conjunto de medidas que hemos tomado en los últimos dos años, para prevenir estos asuntos, funcionó. El problema es que está en libertad“.
“Si este sujeto no hubiera sido puesto en libertad, nos habríamos enterado de que nos entregó un nombre falso con él en prisión preventiva. Y, en consecuencia, habríamos constatado que nos había entregado un nombre falso, que este sujeto estaba en prisión preventiva, entonces podríamos haber tomado las medidas del caso”, explicó.
“¿Por qué hago presente esto? Porque si en el 2023 no hubiéramos tomado estas medidas, este sujeto se habría dado la fuga, y seguiríamos pensando que su nombre era Osmar Ferrer Ramírez“, detalló la autoridad, aunque hizo un mea culpa, aseverando que “tenemos que mejorar los sistemas de chequeo y de las órdenes de libertad”.
Con respecto al trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio Público, el fiscal nacional destacó que actuaron con celeridad: “Tomamos conocimiento de esto por una vía absolutamente casual. El mismo día se abrió una investigación de oficio. Al día siguiente, temprano en la mañana, decidió un fiscal regional para que se hiciera cargo de ella, como consecuencia de la gravedad de los hechos. Y ese fiscal regional estaba, durante la misma mañana, con un equipo de la PDI en el mismo tribunal, realizando diligencia”.
Control biométrico y requerimiento de fiscalía a Gendarmería por extranjeros presos
Sobre estos problemas, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que “cuando ingresa un extranjero indocumentado, por cierto, no se cuenta con documentación puesta a disposición del sistema de justicia. Entonces lo que dice la persona sobre su nombre, no hay como corroborar que esta persona efectivamente se llame de esa manera porque no se cuenta con los antecedentes biométricos de esa persona”.
Considerando lo anterior, detalló que “lo que se hace es que se le toma un registro biométrico y esto tiene que ser ordenado por los tribunales de justicia y tiene que ser solicitado por el Ministerio Público. Lo que hemos hecho desde el 2023, en coordinación con los organismos, es que el Registro Civil ha puesto personal en el Centro de Justicia para realizar estos registros biométricos y además ha coordinado esto a nivel nacional con las fiscalías regionales y el Registro Civil”.
“Entonces, se enrolan estas personas, tienen que poner el nombre que ellos señalan, porque no tenemos antecedentes, y revisan las bases de datos del Registro Civil si eventualmente hay algún otro registro biométrico de estas personas. Si no hay un registro, se le asigna un RUN provisorio para los efectos de este proceso”, añadió.
Por su parte, el director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, abordó la solicitud de fiscalía en relación al registro de presos extranjeros.
“Ante el requerimiento que se produjo ayer en relación a la población extranjera, que ya tenemos en condiciones y durante esta jornada se va a entregar la nómina de extranjeros segregados por calidad procesal y haciendo la diferencia entre aquellos que han sido objeto de cotejo o más bien de extracción de la identificación”, sostuvo.
En cuanto a los oficios que permitieron la liberación del sicario del “Rey de Meiggs”, Pérez apuntó que “lo que hemos podido apreciar, al menos en Santiago 1, y lo digo respetuosamente a la luz de la descripción que se ha hecho acá, sobre las características de la documentación que se emite de manera extemporánea, errática o con incluso problemas de tipeo, es que hay un severo problema de gestión documental, a lo menos”.
Sumado a ello, respaldó la actuación de la institución: “Es mi deber moral defender la dignidad de mis funcionarios, que a priori no pueden ser tratados de corruptos, y que potenciales de negligencia o desaplicación a los procedimientos ya tendrán que ser demostradas en el respectivo sumario administrativo”.
En cuanto a lo anterior, el ministro de Justicia expuso que “si hay algún tipo de responsabilidad por parte de los funcionarios de Gendarmería de Chile en cuanto a las comunicaciones que recibió y por qué procedió de la forma en que procedió, es algo que está en investigación”.
