El caso del sicario venezolano del Tren de Aragua que fue liberado de prisión preventiva en medio de la investigación del asesinato del conocido “Rey de Meiggs” es un tema que se ha tomado la agenda pública.
La polémica liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández ha generado una serie de acusaciones cruzadas entre el Poder Judicial y Gendarmería, luego de que se confirmara que el sujeto logró salir del país tras cruzar hasta Perú.
Bajo este contexto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que el sicario venezolano que estaba irregular en Chile tenía antecedentes policiales en nuestro país antes de ser detenido por el homicidio del comerciante del barrio Meiggs.
“Tenía dos causas antiguas, de la época en que era menor de edad, en el año 2022“, sostuvo Valencia en conversación con Radio Cooperativa.
Dicha declaración la entrega tras las serias dificultades que han tenido las autoridades para establecer la verdadera identidad del sicario, puesto que en un principio el imputado era conocido como Osmar Ferrer. Sin embargo, después se reveló que ese nombre era un alias y que en realidad se llamaba Alberto Mejía.
Considerando lo anterior, el persecutor explicó que “en el año 2023, no era una práctica habitual tomar las huellas y realizar lo que llamamos el canje penal, que es la verificación (de identidad)”.
¿Por qué no le tomaron huellas al sicario liberado en las detenciones previas?
Siguiendo en esa línea, Valencia detalló que “no existía una práctica obligatoria, frecuente, controlada de verificación de identidad de los imputados. Eso no existía en el 2022. Por lo tanto, cuando este sujeto fue detenido, no se tomaron sus huellas”.
“Si esto hubiera ocurrido (…) hace algunas semanas, habríamos constatado, con mucha mayor facilidad, de que nos había dado un nombre falso, pero en 2022 no lo hacíamos”, añadió.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo detalló que “desde el año 2023, a raíz de una solicitud que hizo el Ministerio Público y los tribunales, nosotros hemos dispuesto una oficina del Registro Civil con funcionarios que llevan adelante el proceso de empadronamiento biométrico o canje penal, como se denomina”.
“Eso es un procedimiento que nosotros lo podemos hacer a petición de los tribunales de justicia, no lo puede hacer de oficio la Gendarmería o el Registro Civil, y como se ha solicitado en todos los procesos en los cuales entra un extranjero indocumentado, que no tiene registros biométricos en nuestro país y es imputado de algún delito, nosotros desde el 2023 estamos realizando esta función en coordinación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia”, explicó.
Sobre por qué no se estableció la verdadera identidad del sicario, siendo que pasó por el sistema penal chileno con anterioridad, el secretario de Estado expresó que “en 2022 no se hizo la solicitud respectiva a través de los conductos oficiales, que son o los tribunales de justicia que lo ordenen, o que el Ministerio Público lo solicite y ahí lo ordenen los tribunales de justicia. Entonces, como no se hacen estas solicitudes, no se realiza el empadronamiento“.
