Diputados oficialistas y concejalas de San Miguel recurrieron a la Contraloría General de la República para que indague el uso de los recursos públicos involucrados en la consulta ciudadana impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI) para buscar el cambio de nombre de la avenida Salvador Allende.
Según precisaron los diputados Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC), junto a las concejalas Viviana Llambías (FA) y Carla Santana (PC), el proceso presenta “graves vicios metodológicos”.
La diputada Gael Yeomans declaró que “estamos presentando este escrito en Contraloría en vista de que la alcaldesa Carol Bown está justificando el cambio de nombre por una consulta engañosa. Vecinos y vecinas se preguntan cómo y cuándo se realizó, porque nunca fueron consultados. Queremos que la Contraloría transparente el financiamiento de esta consulta, si se utilizaron funcionarios municipales y cuál fue la metodología. No puede ser que por un gusto antojadizo, Carol Bown se salga con la suya y termine afectando a toda la comunidad”.
Las autoridades precisaron que la consulta ciudadana presenta una serie de irregularidades que invalidan sus resultados, como ser un instrumento tendencioso, ya que “el título y las preguntas de la encuesta están redactados para inducir una respuesta favorable al cambio de nombre, en lugar de consultar de manera neutral”.
A esto se suma la eventual falta de representatividad, ya que no se especifica a quiénes se encuestó (residentes de la calle, de la unidad vecinal o de la comuna), y “existen múltiples testimonios de vecinos que no fueron consultados, poniendo en duda la validez del supuesto 82% de aprobación”.
Junto con ello, cuestionaron que se pidieran datos como RUT, dirección y teléfono, “lo que pudo coaccionar la respuesta de los vecinos por temor a represalias de la administración”.
Además de las críticas al proceso, los parlamentarios y concejalas advirtieron sobre los problemas prácticos que generaría el cambio. Instituciones como Carabineros, Bomberos y servicios de ambulancia verían dificultada su coordinación, ya que la misma avenida mantiene el nombre de Salvador Allende en las comunas vecinas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, generando un punto de quiebre logístico en San Miguel.
Las concejalas de la comuna, en compañía de Hilda Barrueto, integrante del Concejo de la Sociedad Civil de San Miguel, aseguraron además que nueve de los 11 miembros de este espacio están en contra de realizar el cambio.
La concejala Viviana Llambías recalcó que “hemos visto que se ha difundido esta encuesta como si hubieran participado todas las y los vecinos de San Miguel, cosa que no es cierta. Participaron solamente 702 personas, lo que representa tan sólo el 0,4% del universo de habitantes de la comuna. Incluso hay personas que viven en la avenida, pero que nos comentaron que no han sido tomadas en cuenta”.