Los diputados de la bancada UDI, Gustavo Benavente y Sergio Bobadilla -integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, arremetieron duramente contra el reciente dictamen emitido por la Superintendencia de Educación, en el que establecieron que la matrícula de los estudiantes debe
ser renovada a pesar de que los apoderados se encuentren morosos por el no pago de la colegiatura.
Según la institución, esto apunta al derecho a la enseñanza sin discriminación que ostentan los menores, en este caso quienes estudian en colegios particulares subvencionados con copago, que hasta el año 2024 abarcaban a cerca de 480 mil alumnos en el país.
En ese sentido, los parlamentarios gremialistas no sólo alertaron que la resolución afectaría a dichos establecimientos, que en total superan los 700 a nivel nacional, sino que además apuntaron directamente al Gobierno y, en particular, contra el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificando la medida como “ideológica”, advirtiendo así que “conduce lentamente a la estatización de la educación y al fin de los colegios particulares subvencionados, que es una de las principales banderas de lucha de estas autoridades”.
“Siempre hemos sido capaces de comprender el complejo escenario económico por el que pueden estar atravesando algunas familias del país, pero el Gobierno, a través de la Superintendencia de Educación, no puede estar convirtiendo una situación particular en una regla general, amenazando con ello el proyecto educativo de miles de alumnos y sus familias. Y no se trata de defender uno u otro sistema educativo, pero el copago en los colegios particulares subvencionados es una fuente legítima de financiamiento -que está reconocida en la ley- y que les permite mantener y ofrecer una educación de calidad”, indicaron los legisladores.
Ante esto, los diputados Benavente y Bobadilla anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la
República para que puedan pronunciarse sobre la legalidad de la resolución. Lo anterior, tras afirmar que “es evidente que la medida responde a una razón profundamente ideológica, que es debilitar el actual modelo mixto en el que los apoderados también pueden aportar en la educación de sus hijos, para así avanzar hacia una estatización progresiva del sistema educativo, restringiendo la diversidad de proyectos y reduciendo la libertad de enseñanza, que es lo que históricamente han promovido”.
