El vicepresidente Álvaro Elizalde encabezó en La Moneda la promulgación de la reforma que actualiza el sistema notarial y registral, la que entrará en vigencia en marzo del próximo año.
La nueva ley modifica los aspectos orgánicos y funcionales del sistema de notarías en temas como el límite de la edad para ejercer el cargo, así como la fijación de las tarifas máximas que pueden cobrar por los trámites.
Durante la ceremonia realizada el martes en el Patio de Las Camelias, Elizalde valoró la capacidad del Ejecutivo y los legisladores de alcanzar acuerdos para concretar la reforma, ya que “no solo aportaron con su voto, sino que también con el enriquecimiento y perfeccionamiento de la iniciativa durante el trámite legislativo“.
Respecto del plazo de seis meses para que entre en vigor la ley, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que se debe a que “los notarios, archiveros y conservadores van a estar sujetos a un conjunto de nuevas obligaciones. Así que tienen estos seis meses para poder cumplir con todas estas nuevas obligaciones“.
“Por ejemplo, todos los notarios y archiveros y conservadores del país van a tener que tener una página web donde establezcan con claridad los horarios de funcionamiento, sus tarifas y que den cuenta de los detalles de la prestación del servicio”, complementó.
Los cambios más importantes de la reforma al sistema de notarías
Según explicó el Ejecutivo, seis son los cambios más relevantes que incorpora la reforma que actualiza el sistema notarial y registral.
Se trata de:
- Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
- Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
- Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias que puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
- Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
- Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
- Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
