La toma Calicheros de Quilpué dio inicio a lo que será su fin. A primera hora de este martes 30 de septiembre llegaron las primeras máquinas para lo que ha sido una “pacífica” demolición y desalojo de las viviendas que se construyeron en el terreno perteneciente a la familia Correa.
Para llegar a esta instancia tuvieron que pasar años, con una serie de trámites que se intensificaron tras el asesinato de quien, en primera instancia, era el dueño: Alejandro Correa, empresario asesinado en la puerta de su casa en la comuna de Concón en 2020.
Todo comenzó a fines de la década del 90, cuando Correa compró terrenos en el sector Calichero de Quilpué. Casi 20 años después, Renato López instaló una empresa de relleno y ocupó dos hectáreas que no le correspondían.
A raíz de esta situación, en 2019, el empresario presentó una demanda por comodato precario en contra de López, lo que lo llevó a contratar a Víctor Gutiérrez, prometiendo un pago para que matara al demandante y así quedarse con el predio. Semanas antes de concretar el crimen, incluso, se denunció el ingreso de maquinaria pesada, la construcción de caminos interiores y la delimitación de lotes.
Pero el 18 de mayo de 2020, todo cambió. Gutiérrez cumplió con el trabajo y mató a Alejandro Correa en el antejardín de su casa con un disparo en la cabeza. El hecho conmocionó al país porque, tras la detención de Gutiérrez un año más tarde, se sentó un precedente al ser uno de los primeros casos de sicariato conocidos mediáticamente.
La muerte de Correa solo complicó aún más la situación del terreno, puesto que poco a poco cientos de familias fueron instalándose y construyeron sus casas. En total, unas 150 viviendas se construyeron en el terreno, convirtiéndose en una de las tomas más habitadas del país.
El lento desalojo de la toma de Quilpué
Mientras en paralelo se llevaba a cabo el juicio que terminó con los responsables de la muerte de Alejandro Correa cumpliendo condenas por más de 20 años, la familia del empresario buscaba, de una vez por todas, desalojar a las familias que se instalaron en la toma Calicheros de Quilpué.
En agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó desalojar la ocupación ilegal, lo que no se concretó de manera inmediata. Tuvo que pasar más de un año para que finalmente se ordenara a las familias abandonar el predio, lo que comenzó este lunes con el desalojo.
A pesar de que varios se resistieron a dejar atrás su vida en la toma, otros poco a poco fueron sacando sus pertenencias. Así, durante esta jornada finalmente llegaron las máquinas que comenzaron con la destrucción de las viviendas, un proceso que, hasta el momento, ha sido calificado de “pacífico”.
La capitán de Carabineros, Javiera García, indicó que “hasta el momento no hemos tenido ninguna situación violenta o agresiva por parte de las personas que están acá, sino más bien están consultando cómo va a ser el retiro de las últimas cosas que les quedan, porque además las vías están un tanto más afectadas, ya que hay muchos vehículos que están sacando los últimos enseres y desarmando sus casas”.
