“Me contaron que en el norte de Chile…”, comenzó Bombo Fica durante su presentación en el Festival de Viña del Mar de 2010, al iniciar un chiste que quedó en el inconsciente colectivo y del cual muchos se acordaron luego de que la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que detectó una serie de irregularidades en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de droga incautada.
De hecho, la misma contralora, Dorothy Pérez, aludió al chiste del humorista nacional durante su presentación en la Enade 2025, ocasión en la que admitió que se detectaron “diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud“.
Según lo revelado por el organismo fiscalizador, las irregularidades se presentan en todo el territorio nacional y afectan gravemente la trazabilidad de la evidencia judicial.
Las fallas fueron descritas en un total de 17 informes reservados de la CGR, y entre las principales se incluyen diferencias en los registros y el proceso a través del cual los estupefacientes incautados por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería se envían a los servicios de salud para su posterior destrucción.
Contraloría y fallas en pesaje y destrucción de droga
Al respecto, los reportes de la Contraloría detallaron los siguientes desórdenes críticos en el pesaje y la destrucción de la droga:
- Diferencias de Pesaje: Se advirtieron inconsistencias en el pesaje de los decomisos entre el servicio de salud y las instituciones policiales, lo que implica una pérdida de trazabilidad del peso, especialmente en aquellos decomisos que incluyen planta de cannabis.
- Seguridad Informática Crítica: Los registros de decomisos se gestionan con herramientas deficientes, como una “planilla Excel sin mecanismos de mínimos de seguridad”, donde se comprobó la existencia de al menos siete casos con errores de transcripción.
- Retrasos Legales: La Ley N° 20.000 establece que la droga incautada debe ser entregada al Servicio de Salud dentro de las 24 horas siguientes. Sin embargo, los informes detectaron que tanto la PDI como Carabineros incumplieron sistemáticamente este plazo.
- Demoras en el Ministerio Público: También se observaron incumplimientos en el plazo para informar al Ministerio Público los resultados de los análisis de laboratorio, sumando en algunos casos más de 350 días de retraso.
Además, los informes revelaron otras graves deficiencias. Entre ellas:
- Bodegas en Mal Estado: Se detectaron deficiencias en la infraestructura y seguridad de oficinas y bodegas de decomisos, con bolsas y cajas con drogas en el suelo y falta de elementos de protección personal. En algunos casos, las bolsas de almacenamiento y transporte estaban rotas, sin constar que su contenido fuera el recepcionado.
- Unidades de Quema Inadecuadas: Las unidades de quema carecen de elementos esenciales como ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura y humedad.
- Riesgo de Combustión: Se observó la falta de un lugar exclusivo para el almacenamiento de sustancias líquidas y residuos tóxicos, lo que aumenta el riesgo de derrames que pueden provocar “combustión y explosiones dentro de la bodega”.
- Seguridad de Acceso: Se detectó la falta de controles de acceso, tarjetas sin nominar e inexistencia de registros de ingreso a las dependencias.
De igual forma, la Contraloría puso de manifiesto la falta de un sistema informático integrado para el control de la recepción y destrucción de drogas.
Al respecto, aseveró que aquello dificulta tanto la trazabilidad como la relación directa entre los decomisos recibidos y sus respectivas actas de destrucción.
