El reciente Informe del Crimen Organizado 2024 de la Fiscalía Nacional, difundido hace unos días, entregó varias conclusiones sobre el funcionamiento del crimen organizado en el país y sobre cómo distintas estructuras ilícitas han proliferado en los últimos años.
Dentro de ese análisis, hay un dato que llama particularmente la atención: el uso de teléfonos celulares desde los centros penitenciarios. El Gobierno ya ha advertido su peligrosidad. De hecho, como parte de la agenda de seguridad, se implementó el uso obligatorio de prefijos en llamadas masivas.
El tema volvió a la palestra luego de que, la semana pasada, tras la difusión de registros de reos al interior de las cárceles, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtiera problemas en el funcionamiento del sistema inhibidor de señales.
Pero ¿qué tanto ha crecido el uso de celulares en las cárceles del país? Según el Ministerio Público, su uso aumentó un 464% entre 2023 y 2024. El delito que se configura en estos casos es el contemplado en el artículo 304 bis del Código Penal, que sanciona el hecho de “ingresar, intentar o permitir el ingreso, sin autorización, de teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior”.
Esta figura penal fue incorporada mediante la Ley 21.494, vigente desde 2022, y también castiga a las personas privadas de libertad que tengan en su poder “intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior”.
Durante 2024 se registraron 7.772 casos vinculados a este tipo de ilícitos, frente a 1.376 casos en igual período de 2023. “La justificación de esta diferencia tan brusca es que el delito de porte (artículo 304 ter) entró en vigor recién a inicios de septiembre de 2023, lo que implica que solo se pudieron registrar cuatro meses de ingresos desde la tipificación de este delito. En cambio, en 2024 se cuenta con un registro completo de ambos ilícitos”, explica el reporte.
Esto se tradujo en una incautación promedio de 21 celulares (o partes de ellos) por día.
El informe agrega que el uso de estos aparatos permite la comisión de delitos desde el interior de los penales, pero también se ha observado –por ejemplo, en la Región de Valparaíso– videos grabados dentro de las cárceles que muestran golpizas y torturas a internos, como forma de demostrar violencia, dominio y control por parte de otros reclusos.
Recintos con mayor incidencia
La Fiscalía también registró la distribución de este delito por recinto penitenciario, destacando que la zona sur del país concentra la mayor cantidad de casos.
Valdivia encabeza la lista con el 12,8% de los hechos registrados. “Para diciembre de 2024, la población penal recluida en el Complejo Penitenciario de Llancahue –considerando el total de población atendida por subsistema cerrado– alcanzaba los 1.735 internos. De ese total, aproximadamente el 70% provenía de regiones distintas a Los Ríos, lo que podría explicar la gran cantidad de dispositivos electrónicos incautados dentro de este recinto”, señala el informe.
Tras Valdivia, los penales con mayor incidencia son el Complejo Penitenciario de Rancagua (“La Gonzalina”), con un 6,45% de los casos; el Complejo Penitenciario de Talca, con un 5,55%; el Complejo Penitenciario de Puerto Montt (“Cárcel Alto Bonito”); y, finalmente, “El Manzano” de Concepción, con un 5,29%.
“El análisis de la información revela que el ingreso y porte de dispositivos de comunicación en recintos penitenciarios constituye un problema significativo y en aumento en Chile, con un incremento notable de casos registrados durante 2024”, concluye el informe.
Medidas del gobierno
El 23 de octubre pasado, el gobierno anunció una serie de medidas para controlar el uso de teléfonos en las cárceles. Dentro de ellos se contó inversión en bloqueo de señales, pero además un sistema de control de teléfonos públicos y tecnovigilancia.
La primera etapa de bloqueo ya está operativa en Santiago 1, Santiago Sur (Ex Penitenciaría), REPAS y Capitán Yáber, cubriendo a cerca de 13.000 internos (un 20% de la población penal nacional). Y una nueva fase, cuya puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2026, abarcará 9 unidades penales estratégicas:
- Colina I
- Colina II
- Arica
- Puente Alto
- Valparaíso
- Copiapó
- Temuco
- Valdivia
- Puerto Montt
Con esta expansión, el sistema de bloqueo cubrirá a 17.303 personas privadas de libertad adicionales. Si se suman ambas etapas, la cobertura del sistema de bloqueo de señal de celulares alcanza un total de 30.582 internos, equivalentes a casi el 50% de la población penal recluida en el país.
