Los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago Tomás Gray y José Pablo Rodríguez admitieron que tenían vínculos previos con el ex fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, justo después de que la Séptima Sala del tribunal de alzada que integraron aplazó la revisión de la querella de capítulos contra el ex persecutor, lo que podría generar que se inicie una investigación disciplinaria contra ambos.
De acuerdo con lo que reconocieron los jueces luego de la decisión del tribunal, le solicitaron favores a Manuel Guerra cuando se desempeñaba como fiscal.
En concreto, Gray y Rodríguez admitieron que le pidieron ayuda para ser incluidos en ternas judiciales al ex persecutor, contra quien se presentó una querella por filtraciones al abogado penalista Luis Hermosilla, en una de las aristas del caso Audios.
Según un escrito que entregó la Corte de Apelaciones, Gray informó que en agosto de 2017 se contactó con Manuel Guerra para solicitarle ayuda respecto de la terna que integraba para ser nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Por su parte, José Pablo Rodríguez reveló que en 2022 realizó gestiones similares, cuando le pidió apoyo al ex fiscal en dos ternas distintas para el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Jueces, Manuel Guerra y posible investigación disciplinaria
Una vez que se conocieron las revelaciones de ambos jueces sobre su vinculación con Manuel Guerra, expertos en derecho apuntaron que tanto Gray como Rodríguez debieron informar el hecho antes de la citación de la Séptima Sala.
Lo anterior, ya que, de acuerdo con el nuevo código de ética judicial aprobado por la Corte Suprema, ambos jueces tendrían que haberse inhabilitado de conocer la querella de capítulos presentada contra el ex persecutor.
En esa línea, el académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, le dijo a radio Cooperativa que “ellos tenían dos obligaciones o dos posibilidades. Una era transparentar para que las partes ejercieran sus facultades de recusarlos probablemente, o la otra era derechamente inhabilitarse“.
El experto en derecho penal estimó que, al ocultarlo, “significa una vulneración a lo que el propio Poder Judicial considera la ética básica del comportamiento de un juez, y por lo tanto, en mi opinión, debería dar lugar a una investigación disciplinaria“, concluyó.
